El Estado reduce su oferta de empleo a 4.019 plazas, frente a las 18.000 de 2009

Oviedo / Madrid
El Consejo de Ministros plasmó ayer una de las líneas medulares de la nueva política de reducción del gasto con la aprobación de una oferta de empleo público para este año inferior casi en un 80% a la del pasado año. Mientras que en 2009 se convocaron casi 18.000 vacantes, en 2010 el Estado ofertará 4.019 plazas de funcionarios y otro personal estable de la Administración, incluidos los nuevos puestos de la Guardia Civil (232), la Policía Nacional (222), las Fuerzas Armadas (754) y la justicia (2.030), capítulo éste último que comprende más de 1.300 plazas destinadas a las plantillas de las autonomías.

La opción de opositar a funcionario para salir del paro se va a poner muy difícil este año, según da a entender el tamaño de una oferta pública de empleo que, conforme a las explicaciones de la vicepresidenta primera del Gobierno, Teresa Fernández de la Vega, supondrá un ahorro de 280 millones de euros respecto a 2009. Con este ajuste, el Gobierno cumple con los criterios de «contención» que inspiran el plan de austeridad en el que se enmarca y respeta el acuerdo alcanzado con los sindicatos de la función pública, añadió Fernández de la Vega. Ese plan de austeridad contempla una reducción del gasto en personal público del 4% hasta 2013 y un recorte de la tasa de reposición de hasta el 10%. Esto es, se cubrirá sólo una de cada diez vacantes por jubilación.

Los sindicatos manifestaron ayer su malestar ante el recorte de la oferta de empleo para 2010. El secretario general de CC OO, Ignacio Fernández Toxo, advirtió de que «no se puede estirar» el recorte de empleo público hasta «extremos insoportables», porque se corre el riesgo de hacer a los servicios públicos «absolutamente ineficaces». Y la dirigente de UGT Yolanda Palomo avisó de que la decisión del Gobierno incumple lo pactado con los sindicatos.

El Consejo de Ministros también aprobó reducir las cotizaciones por contingencias profesionales -accidentes de trabajo y enfermedades profesionales- a las empresas que contribuyan «especialmente» a la disminución y prevención de la siniestralidad laboral. La cuantía de los incentivos podría ascender hasta el 10% del importe de las cotizaciones y se financiará con excedentes de la gestión de las mutuas.