El Principado afirma que no puede ahorrar más

- Los consejeros de Salud y de Bienestar sostienen que ya están «al límite» y que no queda margen para más restricciones
- El PP asturiano exige que se aplique la tijera a las empresas públicas

11.05.2010 | 15:53
El Principado afirma que no puede ahorrar más
El Principado afirma que no puede ahorrar más

Oviedo, E. F. PELLO
J. A. ARDURA
El Principado se planta ante la posibilidad de más recortes presupuestarios. Al menos, ése es el mensaje trasladado por dos de los consejeros que tienen bajo su responsabilidad la mayor parte del gasto social de la Administración regional, los titulares de Salud y de Bienestar Social. Si el Consejo de Gobierno ya tenía complicado repartir los 149 millones del ajuste que debía quedar cerrado en junio, ahora la tarea se presume mucho más complicada, porque todas las autonomías deberán «apretarse más el cinturón», según anunció el pasado fin de semana el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. El PP asturiano sí cree que hay margen para el ajuste, pero, principalmente, en las empresas públicas del Principado. Los sindicatos del sector público, de momento, optan por la prudencia y ni siquiera se plantean que la reducción del déficit obligue a copiar la política del Gobierno griego de reducir los salarios a los funcionarios.

El gasto social se lleva más del 67 por ciento de los presupuestos regionales de 2010. Y la Consejería de Salud es la que recibe, de lejos, la mayor porción de la tarta, con 1.635 millones de euros. El consejero, Ramón Quirós, dejó entrever ayer que su departamento ya lleva tiempo realizando ajustes para reducir gastos y que está cerca del límite. «Todos debemos ser responsables, ciudadanos, profesionales y Gobierno, de hacer un uso responsable de los servicios, pero en el caso de Salud estamos muy cerca de ese límite», planteó el titular de esa consejería en Oviedo, adonde acudió al acto de entrega de los premios «Asturias» de arquitectura.

El discurso de su compañera en el Ejecutivo regional Noemí Martín, consejera de Bienestar, también puso el acento en las dificultades que entrañaría añadir un nuevo ajuste al recorte presupuestario de 149 millones que ya tiene en marcha el consejero de Economía, Jaime Rabanal. La Consejería de Bienestar tenía previsto para este año disponer de 344,1 millones, mientras que el departamento de Vivienda contaba, de partida, con un presupuesto de más de 93 millones. Martín vino a reconocer que cada vez que se habla de nuevos recortes y ajustes «siempre tengo miedo a que se produzcan nuevas disminuciones de recursos». La Consejera incluso lanzó una pulla al Gobierno de Zapatero, al que emplazó a acometer una reforma fiscal en toda regla. «El Ejecutivo central debería abandonar los parches, que sólo conseguirán deteriorar los servicios públicos, y apostar, de una vez por todas, por una política fiscal distinta que permita nuevos ingresos, que sólo pueden venir dados en una política fiscal distinta, más progresiva y justa, donde paguen más los que más tienen». No es la primera vez que IU o el Ejecutivo asturiano han abogado por una reforma fiscal. Tanto el presidente del Principado, Vicente Álvarez Areces, como el consejero de Economía y Hacienda, Jaime Rabanal, también se han mostrado partidarios de abrir una reflexión sobre la reforma del actual sistema impositivo. Noemí Martín se manifestó a favor de recuperar el impuesto sobre patrimonio, «que suponía más de 2.000 millones anuales a nivel estatal, con ese dinero tendríamos recursos para financiar la ley de Dependencia. Recordemos que España está 7 puntos por debajo de la media europea en presión fiscal», precisó la Consejera, quien concluyó con una advertencia en toda regla: «No estamos en condiciones de asumir un recorte, incluso podrían hacer falta más recursos, según cómo evolucione la lista de personas dependientes».

El presidente de los populares asturianos, Ovidio Sánchez, apuntó «a las empresas públicas y a los chiringuitos» como los objetivos prioritarios del ajuste. A su juicio, «en las infraestructuras de Asturias no hay dónde ajustar más porque las obras van a un ritmo de certificaciones muy lento».

Y los sindicatos optaron por la prudencia, a la espera de la intervención de Zapatero ante el Congreso. José Luis González, de USIPA, sindicato mayoritario en la función pública, no cree que el ajuste toque los salarios de los funcionarios, como acaba de suceder en Grecia. Luis Ángel Ardura, de UGT, y Melchor Salvadores, de CC OO, coincidieron en calificar de «prematura» una valoración, ya que aún no se conocen los detalles ni prioridades del futuro ajuste presupuestario del Gobierno central.

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