El Gobierno recorta por vez primera el gasto social

La presión de los mercados en la última semana contra el euro y los países del área, y el pacto defensivo alcanzado en la cumbre europea del domingo para acelerar el ajuste del déficit público -15.000 millones de recorte adicional en dos años en el caso español- obligó ayer al Gobierno de Rodríguez Zapatero a dar un giro en su política anticrisis e incurrir en los primeros recortes de medidas sociales desde que estalló la recesión en 2008. La exigencia de la UE y de los principales países del sistema monetario a que se acelerase la rebaja del déficit fiscal y la llamada del presidente de EE UU, Barack Obama, aconsejando medidas estrictas, tras los ataques de los especuladores contra el euro, forzaron al ejecutivo español a recortar el gasto social, que hasta ahora había tratado de preservar a toda costa en plena recesión.

Las medidas más impopulares anunciadas por el jefe del Ejecutivo para lograr el nuevo recorte del gasto (5.000 millones más este año y 10.000 el próximo) son la congelación de las pensiones (salvo mínimas y no contributivas) en 2011, con lo que se prevé ahorrar 1.500 millones; la supresión del cheque bebé a partir del 1 de enero (1.500 millones), la rebaja media del 5% en los sueldos de los empleados públicos desde el mes próximo (la reducción será proporcional al salario) y su congelación el año que viene (4.000 millones en el conjunto de las administraciones), la nueva reducción del gasto farmacéutico, la supresión de la retroactividad en la ley de Dependencia, la eliminación del régimen transitorio para la jubilación parcial y el recorte de 6.000 millones en la ayuda al desarrollo.

A ellas se suman una rebaja adicional de 6.045 millones en el presupuesto de inversión pública de la Administración central entre 2010 y 2011 y la imposición a la comunidades autónomas y ayuntamientos de un recorte de gasto por otros 1.500 millones. El ejecutivo deja abierta la puerta además a subir impuestos a las rentas altas.

Zapatero, consciente de que muchos ciudadanos no entenderán estas medidas ingratas, hizo un llamamiento en la Cámara a los ciudadanos para que contribuyan a un «esfuerzo nacional y colectivo», asegurándoles que las medidas para reducir el déficit son «imprescindibles» tras los ataques sufridos por el sistema monetario europeo, las bolsas y los bonos públicos en la última semana.

En una intervención muy dura, el líder de la oposición, Mariano Rajoy, presidente del PP, acusó a Zapatero de acometer un «gran recorte de derechos sociales» y de que su «incapacidad» la van a pagar «todos los españoles», entre ellos pensionistas y futuras madres.

Los grupos minoritarios de la oposición censuraron la «debilidad» del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero al «improvisar» un recorte adicional del déficit que, aunque es «insoslayable», ha sido «impuesto y dirigido» por la UE. Y la izquierda de la Cámara le acusó de ser «débil con los fuertes y fuerte con los débiles».

Sindicatos y organizaciones de izquierdas anticiparon una fuerte contestación. En el caso de los funcionarios y empleados públicos, el anuncio del Gobierno supone romper el pacto salarial alcanzado en enero con este colectivo de 2,5 millones de trabajadores.

A la inversa, las Cámaras de Comercio y la patronal CEOE respaldaron los sacrificios. No así la cúpula empresarial de la construcción, SEOPAN, preocupada por el recorte en obra pública. La UE y el FMI se congratularon de la decisión y de la prontitud española en asumir su compromiso de ajuste y el líder conservador portugués, Pedro Passos Coelho, puso las medidas españolas como ejemplo.

La Bolsa española reaccionó al alza, con una subida, aunque modesta, del 0,81%. El efecto calmante del plan del Gobierno repercutió en una nueva rebaja de la prima de riesgo español. El diferencial entre el bono español a 10 años y el alemán volvió a bajar de los 100 puntos básicos y los seguros que cubren el riesgo de impago de la deuda española retrocedieron el 9%.

Las medidas anunciadas ayer en el Congreso son la concreción del nuevo tijeretazo al gasto público comprometido el domingo por el Gobierno español en la cumbre del Eurogrupo para contribuir a atajar las fortísimas tensiones desestabilizadoras contra el euro.

Este plan de choque es una vuelta de rosca adicional al compromiso de austeridad asumido por el Gobierno el pasado enero, cuando comprometió un recorte del gasto público para ahorrar 50.000 millones de euros entre este año y 2013 y cumplir así la exigencia comunitaria de que el déficit fiscal español (11,4% en 2009) mengüe, al igual que el del resto de los países del euro, hasta dejarlo en el 3% en 2013.