Ajuste histórico
La reforma laboral 

La patronal CEOE demanda al Gobierno más facilidades para despedir por absentismo

- FADE pide sosiego para negociar y asegura que los empresarios no plantearán reducciones de salarios
- Trabajo no descarta eliminar la ayuda de 426 euros que cobran los parados tras agotar las prestaciones

19.05.2010 | 14:51

Oviedo/ Madrid,
Marián MARTÍNEZ/ Agencias

La patronal CEOE ha planteado en el marco de la reforma laboral aumentar la libertad del empresario para despedir por causas objetivas. En este caso se trata de endurecer la lucha contra el absentismo y que el empresario pueda despedir a un trabajador que falte ocho días a su puesto de trabajo en dos meses, aunque su ausencia esté justificada. También plantea que se contemple la morosidad como motivo de despido colectivo por razones económicas, lo que supondría una indemnización de 20 días por año trabajado con un máximo de un año de salario.

La secretaria general de Empleo, Maravillas Rojo, aseguró ayer que en el marco de recortes «no está encima de la mesa» una rebaja de las prestaciones por desempleo, pero dejó abierta la posibilidad de no prorrogar las ayudas de 426 euros a los parados que hayan agotado el paro y el subsidio, una vez finalice el programa en vigor el próximo mes de agosto.

El presidente de la patronal asturiana FADE y vicepresidente de CEOE, Severino García Vigón, aseguró ayer que las propuestas son un paquete de medidas «para estabilizar el mercado laboral, crear empleo antes de que la economía crezca el 2,5%, que está muy lejano en el tiempo, y no ser el hazmerreir». También pidió «tranquilidad y sosiego» para negociar y aseguró que «la patronal no contempla reducir salarios» como en la administración pública. «Firmamos un acuerdo con los sindicatos y los empresarios ni somos oportunistas ni rompemos los pactos que firmamos», aseveró. El secretario general de CC OO, Antonio Pino, advirtió ayer: «si la patronal rompe un acuerdo como ha hecho el Gobierno, también tendrá respuesta».

La propuesta de la CEOE en la lucha con el absentismo se interpreta en medios profesionales como un intento de limitar las bajas laborales aunque estén justificadas. En la actualidad el Estatuto de Trabajadores ya contempla en el apartado cuarto del artículo 52, que establece el despido objetivo «por faltas de asistencia al trabajo, aun justificadas pero intermitentes, que alcancen el 20% de las jornadas hábiles en dos meses consecutivos, o el 25% en cuatro meses discontinuos dentro de un período de doce meses, siempre que el índice de absentismo total de la plantilla del centro de trabajo supere el 5% en los mismos períodos de tiempo». Según los expertos, se trataría, en principio, de eliminar «la coletilla» que engloba al conjunto de la plantilla y contemplar la falta al trabajo individualmente.

El presidente de FADE insistió ayer en que «al margen de cuestiones concretas, que figuran en un paquete muy completo de medidas, lo importante es el fin. Si la economía española crece al 4,5% y aún así no conseguimos bajar del 8% del paro, eso significa que algo hacemos mal. Y si tenemos que esperar a crecer el 2,5% para crear empleo, algo estamos haciendo mal. Luego hay que hacer una reforma real, crear las condiciones necesarias para estabilizar el mercado laboral y hacer algo que merezca la pena a largo plazo». Y advirtió: «Si no somos capaces a ponernos de acuerdo pronto, muy pronto, entonces que decida el Gobierno, pero que cada palo aguante su vela. Nosotros no vamos a caer en la trampa de que se nos acuse de no querer una reforma laboral».

El secretario general de CC OO, Antonio Pino, respondió al presidente de la patronal asturiana: «Más allá de los detalles concretos, la patronal hace planteamientos que expresan la voluntad de que no haya acuerdo. Los sindicatos aceptaremos la moderación salarial y aceptamos otras muchas medidas, pero también exigimos acabar con la contratación temporal fraudulenta, con la economía sumergida y queremos que haya estabilidad en el empleo. Esas son las condiciones».

El ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, aseguró ayer que las negociaciones tienen que cerrarse en mayo, aunque insistió en que esta fecha «no es un ultimátum».

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