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En el Congreso

El PSOE aplaza la ley de Gobierno local

El grupo socialista ha optado por frenar la reforma del sistema de financiación de los municipios hasta que mejore la economía

 15:24  
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EFE El grupo socialista en el Congreso ha abogado hoy por aplazar los proyectos de ley de Gobierno local y de reforma del sistema de financiación de los municipios hasta que "las circunstancias económicas lo permitan", mientras la Cámara baja instaba al Ejecutivo a aprobar los textos en 2010.

El compromiso del Gobierno era remitir al Parlamento en este periodo de sesiones el proyecto de reforma de la Ley de Gobierno Local, mientras que en el caso de la Ley de Financiación el objetivo era presentar el texto en 2011 para que estuviera en vigor cuando se constituyeran los ayuntamientos que salgan de las próximas elecciones municipales.

El cambio de postura del PSOE se ha materializado a través de una enmienda de sustitución presentada a dos proposiciones no de ley del PP y CiU que han sido aprobadas hoy en la Comisión de Política Territorial de la Cámara Baja con los únicos votos en contra del PSOE.

La iniciativa del PP pedía al Congreso que instara al Gobierno a remitir a la Cámara para su tramitación parlamentaria y aprobación en 2010 los proyectos de ley citados para que pudieran entrar en vigor en enero de 2011, mientras que la de CiU reclamaba que la Ley de modificación de Haciendas Locales fuera presentada en las Cortes antes del 30 de junio.

El diputado socialista Pedro Sánchez ha afirmado, en la defensa de su moción, que es momento de "responsabilidad" y ha asegurado que el compromiso del Ejecutivo sigue siendo modificar ambas leyes pero el escenario ha cambiado y "no podemos abstraernos -ha dicho- al contexto económico que vive Europa y el mundo".

"El Gobierno de España no habrá modificado la letra de la Ley pero los números y los recursos los ha multiplicado con creces", ha remarcado Sánchez en referencia a la financiación local.

Ha asegurado que por la "vía de los hechos" se ha mejorado la financiación de los ayuntamientos, con 20.000 millones de euros durante los últimos seis años puestos a su disposición a través de los fondos de inversión y local de las partidas para compensar la supresión del Impuesto de Actividades Económicas.

En la defensa de su iniciativa, el diputado del PP Juan José Matarí ha afirmado que a la vista de las medidas extraordinarias adoptadas "con nocturnidad y alevosía" por el Gobierno en su decreto de ayer, la rectificación por parte del Ejecutivo es "urgente" y más necesario que nunca que los entes locales dispongan de una financiación suficiente.

Matarí se ha referido así a la medida aprobada por el Gobierno que impedirá a los ayuntamientos y sus entidades dependientes recurrir al crédito a largo plazo durante el próximo año.

Ha añadido que las modificaciones introducidas a última hora, que permitirán a los ayuntamientos seguir endeudándose hasta final de año, demuestran que éste es el Gobierno de "las chapuzas, los bandazos y la improvisación permanente".

Según Matarí, cada nueva medida adoptada por el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero va en "detrimento" de la suficiencia financiera de los ayuntamientos.

El diputado de CIU Jordi Vallés ha señalado que las corporaciones locales están sufriendo directamente la falta de un marco normativo estable de financiación que les asegure una suficiencia financiera.

En este sentido, ha insistido en que necesitan, más que nunca, que se apueste por ellas, porque "cada vez las cargamos de más obligaciones" y, sin embargo, "reciben menos".

Desde el grupo vasco, el diputado Emilio Olabarría ha señalado en su turno de fijación de postura que votaría en contra de las iniciativas del PP y CiU, aunque finalmente las ha apoyado.

"Vamos a ser particularmente cautelosos a la hora de pedir a la administración actuaciones que impliquen más gastos", ha afirmado Olabarría.

Por último, el diputado de UPN, Carlos Salvador, ha considerado que ambas iniciativas intentan resolver una cuestión que a estas alturas resulta "endémica" y ha recordado que en España hay más de 8.000 ayuntamientos, que prestan servicios para los que no tienen competencias ni financiación.

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