Madrid, Agencias
Los trabajadores que hayan cotizado durante más de 35 años a la Seguridad Social podrán jubilarse sin penalización económica al cumplir los 65, según planteó ayer el ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, en un anticipo de los mecanismos de «flexibilidad» con los que el Gobierno prevé matizar su criterio general de retrasar la edad de jubilación a los 67 años. El ministro Gómez defendió también la ampliación del período de cálculo de las prestaciones más allá de lo sugerido hasta ahora por el Ejecutivo. La OCDE apuesta por una reforma profunda de las pensiones españolas, un sistema que considera generoso en exceso. El club de los países ricos sostiene incluso que, a medio plazo, la edad legal para jubilarse debería superar los 67 años.
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, reafirmó la pasada semana que está determinado a que la reforma de las pensiones incluya la edad de jubilación a los 67 años. Zapatero añadió entonces que ese cambio, rechazado por la oposición y por los sindicatos, iría acompañado de cierta flexibilidad. Valeriano Gómez concretó ayer cómo de flexible está dispuesto a ser el Gobierno y adelantó tres propuestas:
l Mantener la edad de jubilación a los 65 años para quienes tengan «períodos largos de cotización». Entrarían en este caso, según dijo el Ministro durante una entrevista en la Cadena Ser, quienes hayan cotizado de 36 a 40 años. Encajaría en este supuesto, por tanto, una persona que haya iniciado su vida laboral con 29 años y que hubiera trabajado y cotizado de manera ininterrumpida durante los 36 años siguientes.
l El Gobierno se muestra abierto también a que los trabajadores con oficios penosos se jubilen antes de los 65 años. Gómez no especificó qué tipos de profesiones formarán ese catálogo.
l La oferta de reforma que ha perfilado el Ejecutivo mantiene además la posibilidad de que los trabajadores sin historiales largos de cotización también puedan jubilarse antes de los 67 años si aceptan una penalización económica en la cuantía de la pensión. Es un sistema análogo al que ya se aplica ahora para quienes se retiran de manera anticipada.
Valeriano Gómez remarcó que es propósito del Gobierno poner coto al «uso abusivo» de prejubilaciones y jubilaciones anticipadas. Y se mostró partidario de que los costes de los retiros prematuros recaigan por entero en las empresas, no en la Seguridad Social.
El Gobierno pretende actuar también sobre la fórmula de cálculo de las pensiones, lo que a menudo conducirá al cobro de prestaciones más bajas. El ministro de Trabajo reafirmó la propuesta de que se tengan en cuenta los últimos 20 años de la vida laboral, frente a los 15 actuales, para fijar la cuantía de la pensión. Dejó caer incluso la posibilidad de que la reforma no se pare ahí y llegue a los 25 años. Un sector de expertos defiende que las prestaciones se calculen teniendo en cuenta toda la vida laboral.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que agrupa a los países más desarrollados, destacó ayer, en su informe sobre España, que la reforma de las pensiones es «una prioridad máxima». Según ese club, las perspectivas demográficas de España -llegada a la jubilación de la generación del «baby boom» y de muchos inmigrantes que recalaron el país durante el ciclo expansivo- conducirán a partir de 2030 a un «drástico» incremento del gasto en pensiones en el caso de que no se aborde una reforma. La OCDE sostiene incluso que a largo plazo España debe plantearse que la edad de jubilación supere los 67 años. La organización que dirige el mexicano Ángel Gurría defiende que la edad se acompase con la evolución de la esperanza de vida.
El citado informe aboga además por una reforma laboral con más calado que la impulsada por el Gobierno. La OCDE muestra sus dudas sobre la eficacia de los cambios para facilitar el despido más barato (despido objetivo, con 20 días de indemnización por año trabajado) y apuesta por el «contrato único» para reducir la dualidad entre trabajadores fijos y temporales, en línea con la propuesta del grupo de «los Cien» economistas. El «club de los ricos» propone además subir el IVA y los impuestos especiales y rebajar las cotizaciones sociales.
