Oviedo, L. GANCEDO

El rescate financiero de Portugal conllevará la casi inmediata retirada de los blindajes que hasta ahora reforzaban el control público de Energías de Portugal (EDP), dueña en Asturias de Hidrocantábrico (HC Energía), y que daban al Gobierno luso capacidad para frenar intentos hostiles de compra por parte de inversores o grupos energéticos de otros países. Antes de finales de julio, el nuevo Gobierno del conservador Pedro Passos Coelho deberá renunciar a sus privilegios societarios en EDP, de modo que la matriz de Hidrocantábrico quedará expuesta a cambios de gran alcance en su propiedad con el final de los blindajes y con la también cercana privatización de la participación pública.

Según ha informado la prensa lisboeta, la «troika» -denominación que se da al equipo formado por la Comisión Europea, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Central Europeo, que trabajan coordinados en los rescates financieros de la zona euro- ha impuesto a Portugal la obligación de suprimir antes de agosto la llamada «acción de oro», denominación que genéricamente se da a los privilegios o derechos de veto que conservan los países en empresas estratégicas que son privatizadas.

En el caso de EDP, el Gobierno portugués tiene capacidad para vetar ciertas decisiones y su opinión es determinante en el nombramiento del equipo directivo, ahora encabezado por António Mexia, ex ministro de Transportes. El blindaje se redondea con una limitación a los accionistas. Los estatutos de EDP determinan que, salvo el Estado, ningún socio podrá detentar más del 5% de los derechos de voto, aunque su participación en el capital sea superior.

Todos esos mecanismos ya fueron anulados por el Tribunal Superior de Justicia de Luxemburgo el pasado noviembre, pero, como otros países en situaciones semejantes, Portugal ha demorado la aplicación de la sentencia. La «troika» exige ahora el final de los blindajes tanto en EDP como en la telefónica Portugal Telecom y la petrolera Galp.

La UE y el FMI también obligan a Lisboa a privatizar este año toda la participación pública (25%) que tiene en EDP, de modo que la propiedad cambiará y, con ello, la de la asturiana HC. António Mexia ha instado al Gobierno luso a privatizar eligiendo compradores que «garanticen la estabilidad y el crecimiento» de la compañía. Cajastur es ahora uno de los accionistas cualificados (5%).