Madrid, Agencias
La subasta entre comercializadores para fijar el precio de la luz en abril -supone aproximadamente la mitad del recibo-, se saldó ayer con una caída del 7%, lo que le da al Gobierno un importante margen de maniobra para incrementar los peajes, la parte regulada de la factura eléctrica, sin repercutirla del todo en los consumidores.
La tarifa eléctrica de último recurso (TUR), que se revisa cada trimestre y tiene unos 20 millones de usuarios, está formada por dos componentes: los peajes que retribuyen los costes regulados del sector y que fija el Gobierno, y el precio de la energía que resulta de estas subastas denominadas Cesur.
El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, ya había adelantado la necesidad de subir la tarifa de la luz para afrontar un auto del Tribunal Supremo que obliga a su actualización -con carácter retroactivo al último trimestre de 2011-, para compensar el desajuste de unos 1.000 millones de euros generado porque en enero los peajes no subieron lo suficiente. Soria insistió ayer en que este incremento no recaerá solo sobre los clientes y usuarios últimos.
Los ingresos que se obtienen mediante el recibo de la luz son insuficientes para cubrir los costes del sistema eléctrico, y se produce lo que se denomina el déficit de tarifa, que ya supera los 20.000 millones de euros. Para complicar aún más la situación, los costes del sistema deben reducirse y ajustarse, por ley, a 1.500 millones este año.
El presidente de la patronal de las eléctricas (Unesa), Eduardo Montes, apuntó que los peajes deberían subir en el entorno del 30% en abril, lo que supondría un 15% de subida en los recibos de la luz. Poco después recibió respuesta desde Industria: «La política energética corresponde al Gobierno».
