Varsovia / Buenos Aires
El Gobierno argentino está determinado a tomar el control de YPF, filial de la petrolera española Repsol. El Ejecutivo de Cristina Fernández de Kirchner pretende para ello expropiar el 50,01% de las acciones de la compañía, movimiento que daña severamente los intereses de la compañía energética y que desencadena un conflicto entre Argentina y España. Ya antes de conocerse la decisión de Fernández de Kirchner, el Gobierno español advirtió de que las «hostilidades» contra Repsol tendrían «consecuencias» para las relaciones entre ambos países.
El diario argentino «Clarín» adelantó anoche que el Gobierno ya ha remitido al Congreso un proyecto de ley para expropiar el 50,01% de YPF. La medida afecta al 26% que controla el grupo local Petersen, socio de Repsol, y a cerca de la mitad de la participación de la compañía española, que ahora controla el 57,4%. La aprobación de la ley está asegurada porque la presidenta argentina tiene mayoría en el Congreso y en el Senado del país. El Gobierno arguye el «interés público» de la producción petrolera, aunque la ley expropiatoria no afecta a ninguna otra de las multinacionales que operan en el país.
Las tensiones entre Argentina y la petrolera española Repsol caminaban ya desde la mañana de ayer hacia un conflicto diplomático. El Gobierno español, a través del ministro de Industria, José Manuel Soria, avisó al Ejecutivo de Cristina Fernández de Kirchner de que las maniobras de la Administración del país sudamericano contra YPF, filial de Repsol, tendrán «consecuencias». Varias provincias argentinas han retirado licencias de explotación a YPF, sobre la que pesa la amenaza de nacionalización. Repsol lleva meses intentando apagar un conflicto que ha ido a más a pesar de las intervenciones diplomáticas españolas, incluida una del Rey don Juan Carlos.
El ministro Soria afirmó que cualquier «gesto de hostilidad» contra empresas españolas será interpretado como un gesto «hacia España» y «trae consigo consecuencias», en alusión al Gobierno argentino por el conflicto con YPF. Soria no citó directamente a la Administración argentina, que convocó ayer a los gobernadores de las provincias petroleras para tratar sobre la situación de la compañía YPF, controlada por la española Repsol.
Los servicios de comunicación de la Moncloa difundieron un vídeo con las declaraciones de Soria, quien se encuentra en Varsovia junto al presidente Rajoy para participar en una cumbre hispano-polaca. El Gobierno español, subraya Soria en la grabación, defiende los intereses de todas las empresas españolas dentro y fuera del país, y «si en alguna parte del mundo hay gestos de hostilidad» contra esos intereses lo interpreta como «gestos de hostilidad hacia España y hacia el propio Gobierno».
En las últimas semanas, seis provincias argentinas han revocado licencias a YPF para operar en unas doce de áreas, mientras que otras dos han conminado a la petrolera a aumentar sus inversiones bajo amenaza de cancelarle permisos de explotación.
YPF ha sido acusada por la presidenta Cristina Fernández de una caída de la producción que atribuye a una supuesta falta de inversiones. La petrolera de raíz argentina, participada en un 57,43% por Repsol y en un 25,46% por el grupo Petersen (propiedad de la familia Eskenazi), ha anunciado que durante este año invertirá en Argentina la cifra récord de 3.416 millones de dólares.
