Madrid, Agencias
Los empresarios que impongan mediante engaño a sus trabajadores condiciones laborales o de Seguridad Social que les perjudiquen podrán ser castigados con penas de prisión de seis meses a seis años y multa de seis a doce meses. También recibirán el mismo castigo los empresarios que den ocupación simultáneamente a varios trabajadores sin comunicar su alta en el régimen de la Seguridad Social.
Ésta es una de las enmiendas presentadas por el PP al proyecto de reforma de ley Orgánica del Código Penal en materia de lucha contra el fraude fiscal y en la Seguridad Social, que se debatió el pasado miércoles en la Comisión de Justicia del Senado.
En el texto de la enmienda también se recoge que se penará a los que en las transmisiones de empresas mantengan esas condiciones perjudiciales para los trabajadores, mientras que a los que lleven a cabo esas conductas con violencia o intimidación se les impondrán las penas superiores en grado.
Esta enmienda, junto con otra también del PP de carácter técnico, fue la única que se aprobó de un total de 77. Además, fueron rechazadas las cuatro propuestas de veto presentadas por el PSOE, el grupo Mixto y, dentro de Entesa, por el PSC e ICV.
La modificación del Código Penal incluye un nuevo subtipo de delito agravado para las «conductas más graves» en el ámbito fiscal y contra la Seguridad Social, que pasan a ser sancionadas con una pena máxima de seis años de cárcel y que prescribirán a los diez años, frente a los cinco actuales. También introduce una «rebaja importante» de la pena para quienes reduzcan el perjuicio causado a Hacienda regularizando los activos ocultos en dos meses.
