A lo largo de los últimos días vienen llenando espacio en los medios de comunicación informaciones, comentarios, especulaciones y demás juicios más o menos enfocados en relación con la supuesta reforma fiscal que se nos avecina a la luz del informe elaborado por una comisión de expertos presidida por el profesor Manuel Lagares.
Vaya por delante, como no puede ser de otra manera, mi máximo respeto hacia el trabajo realizado por los miembros de la mencionada comisión, colegas cuya competencia profesional está fuera de toda duda, lo mismo que sus objetivos bienintencionados de mejorar un sistema fiscal que, ciertamente, está necesitado de una profunda reforma. Se trata de un informe exhaustivo que, contra lo que ha venido siendo habitual en nuestro país, no se limita a abordar parcial y separadamente una o dos figuras tributarias especialmente relevantes, sino que abarca al conjunto de los instrumentos tributarios dedicados a financiar tanto a la Administración central como a la autonómica y la Seguridad Social, dejando prácticamente al margen de su análisis, una vez más, a la Administración local.
Sin embargo, el informe de los expertos no deja de ser eso, un informe, y por tanto, en el momento presente, resulta muy aventurado extraer de sus propuestas derivadas políticas acerca del contenido efectivo de la reforma que se nos avecina, en la medida en que aún no sabemos hasta qué punto el gobierno está dispuesto a asumirlo como propio.
En este sentido, y aunque parezca innecesario aclararlo, estos primeros comentarios a vuelapluma para LA NUEVA ESPAÑA deben ser entendidos en el marco del texto del informe de mis colegas y no en el de una reforma fiscal de calado que aún no conocemos, máxime cuando el Gobierno nos tiene acostumbrados a una estrategia de lanzar globos sonda maximalistas, que asustan al personal y luego rebajan en su contenido para hacerlos un poco más digeribles y dar cierta imagen de sensibilidad con la opinión pública. Permítanseme pues unas breves pinceladas sobre algunos aspectos especialmente relevantes del informe.
En el caso que nos ocupa, y como punto de partida, las propuestas de la comisión asumen como restricción "cumplir rigurosamente con los compromisos de estabilidad presupuestaria", de lo que se desprende que dados los niveles de déficit en los que aún hoy nos encontramos, no cabría esperar de la reforma ningún tipo de "rebajas fiscales" generalizadas, tal como, a modo de cantos de sirena, se nos viene anunciando con cierta reiteración desde el Ministerio de Hacienda, sino más bien una reordenación de las cargas fiscales. Para cumplir los compromisos, la recaudación debería aumentar, no disminuir, salvo que se pretenda dar más vueltas de tuerca a la política de recortes en los gastos relevantes de los principales servicios que componen el Estado de Bienestar.
También con carácter general la comisión declara explícitamente la intención de desplazar la carga tributaria desde la imposición directa a la indirecta al objeto de ganar en eficiencia y competitividad, aunque ello signifique (y esto no lo dice) sacrificar todavía más la equidad.
Se propone también entre otras cosas mantener el carácter dual del IRPF, al objeto de favorecer fiscalmente el ahorro, suprimir el impuesto sobre el patrimonio, mejorar la armonización fiscal autonómica, mantener el impuesto de sucesiones con una tributación mínima para todo el territorio nacional y avanzar en el campo de la imposición medioambiental.
En momentos como los presentes, con la insoportable tasa de desempleo existente en el país y las rebajas generalizadas en los salarios que ha venido sufriendo la población, el leve repunte económico que se viene produciendo se basa exclusivamente en la exportación y, en mi opinión, lo que menos se necesita en este momento es un incremento en la imposición indirecta, que dañaría aún más el consumo interno y con él la posibilidad de recuperación de las pequeñas empresas dirigidas al mercado interior. Además, ello resultaría claramente regresivo, en la medida en que la propensión media al consumo (proporción de la renta disponible que no se ahorra) es mucho mayor para quienes se encuentran en las escalas bajas de renta y, esto hay que decirlo, no por voluntad, sino por necesidad. La inmensa mayoría de la gente que no ahorra no es porque no quiere, sino porque no puede. Si se elevasen como se propone en el informe los tipos del IVA de productos de primera necesidad (típicamente alimentación), el fenómeno de la regresividad se vería acentuado.
La preocupación por favorecer fiscalmente el ahorro que, insisto, está fuertemente concentrado en los escalones altos de renta lleva a proponer el mantenimiento de un IRPF dual, que seguiría descansando de una manera abrumadora sobre las rentas del trabajo. Lejos queda aquel impuesto sintético basado en la regla de que un euro es un euro y genera la misma capacidad de pago sea cual fuere su origen, por lo que la renta de todas las fuentes debería ser tratada fiscalmente igual. Durante la mayor parte de nuestra experiencia democrática, ese carácter sintético constituyó una de las señas de identidad de nuestro IRPF y, como tal, se trató, al menos formalmente, de respetar la lógica de la progresividad del impuesto, según la cual uno debería pagar relativamente más (tipos medios mayores) "por ganar más" y no "por ganar distinto". Por ello, la consolidación de un impuesto dual en el que buena parte de las rentas de capital tributan por debajo del tipo mínimo al que empiezan a tributar las rentas del trabajo o las de los pequeños empresarios y autónomos que lo hacen a través del IRPF no tiene defensa posible desde el punto de vista de la justicia distributiva, por más que a menudo se utilicen en su favor argumentos basados en la mayor movilidad de este factor productivo o en supuestos de elusión y evasión fiscales, máxime cuando se propone la eliminación del Impuesto sobre el Patrimonio, ciertamente poco operativo en su configuración actual, y el mantenimiento a niveles mínimos del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, que podrían actuar como instrumentos de compensación alternativos.
Mención aparte merecen las propuestas de tratamiento fiscal a la vivienda. De un lado hay que decir que los hacendistas nos hemos manifestado muy mayoritaria y reiteradamente opuestos a la deducción por adquisición de vivienda, por considerar que, lejos de cumplir su presunto objetivo de ayudar a los menos favorecidos a hacerse propietarios, ha contribuido históricamente a elevar sus precios, en la medida en que los diferentes beneficios fiscales que se han ido dando a lo largo de los años tendían a capitalizarse y a beneficiar más a los constructores y a las entidades financieras que a los propios contribuyentes, quienes pagaban precios más altos y, durante muchos años, también intereses más altos de los préstamos hipotecarios. Sin embargo, proponer ahora la supresión de esta deducción con carácter retroactivo, esto es, afectando a personas que tomaron en su día la decisión de invertir en un bien duradero con unas condiciones determinadas, entre las que figuraban los ahorros fiscales correspondientes, es lo mismo que darle a un futbolista un balón de rugby para que juegue la prórroga de un partido. Si a ello le añadimos la idea de recuperar la imputación de renta presunta para la vivienda que constituye residencia habitual, el resultado final no puede ser otro que la compensación por vías alternativas de los beneficios que eventualmente supondría la rebaja en las tarifas del impuesto. Alguien ha llamado a esto un ejercicio de trilerismo fiscal.
Por lo demás, el informe contiene también algunas propuestas que me gustan y cuya filosofía comparto. Por ejemplo, la idea de rebajar los tipos nominales del Impuesto de Sociedades (sobre los que se basan a menudo las empresas internacionales como elemento adicional para decidir su localización), al tiempo que se elimine la mayor parte de la maraña de beneficios fiscales (deducciones, bonificaciones?) que erosionan la recaudación sin justificación económica clara, me parece muy razonable. Muy probablemente, por esa vía los tipos efectivos soportados por las empresas resultarían mucho más equitativos. Igualmente, la eliminación del sistema de módulos salvo para microempresas es otra propuesta acertada. Además de atentar contra la equidad, los módulos actúan como instrumento de blanqueo e incentivo al fraude y a estas alturas del siglo XXI tienen bastante poca justificación. Por citar sólo un asunto más que me merece valoración positiva, la idea de recentralizar el Impuesto de Sucesiones (al menos en sus niveles mínimos) y sacarlo del ámbito de competencia fiscal entre autonomías me parece adecuado, aunque no tanto la propuesta concreta contenida en el informe (muy restrictiva, a mi juicio). En mi opinión un Impuesto de Sucesiones centralizado y con un mínimo exento suficientemente amplio es una garantía de mejora en la igualdad de oportunidades, de compensación del trato favorable que reciben por otras vías las rentas del capital y, en suma, de mejora en la equidad del sistema.
En suma, y dado no cabe esperar de un artículo como este un análisis detallado de las propuestas contenidas en un informe técnico de más de 400 páginas, valgan estas líneas como primer juicio de lo que creo que es un trabajo concienzudo y bienintencionado cuyas principales propuestas, sin embargo, no me suscitan especial entusiasmo, aun reconociendo que hay ámbitos en los que el margen de actuación no es precisamente muy amplio. El terreno fiscal es de los pocos que aún quedan para manifestar divergencias en la concepción de políticas públicas alternativas. El sistema tributario debe ser visto como un medio de repartir entre los ciudadanos el coste de los servicios prestados para satisfacer las necesidades colectivas y no como un fin sí mismo. De ahí que ingresos y gastos aparezcan como dos caras de la misma moneda, sobre las que decidir en tamaño y estructura. A mi juicio, el informe de los expertos apuesta implícitamente por una alternativa minimalista en cuanto a tamaño y sesgada hacia un presunto objetivo de eficiencia, con sacrificios en materia de equidad, cuya filosofía no puedo compartir. Tiempo habrá para juzgar el desarrollo de la obra cuando el Gobierno decida pasar de las musas al teatro.
