La mayoría de las entidades financiera sujetas al impuesto sobre los depósitos bancarios del Principado está eludiendo el pago efectivo del tributo y presentando avales como alternativa, mientras se resuelven los pleitos que mantienen el Gobierno asturiano, el Ministerio de Hacienda y los propios bancos ante el Tribunal Constitucional. Ese choque entre administraciones y la reacción de los bancos está haciendo que la recaudación real del impuesto sea sólo del 13% de lo previsto.

La consejera de Hacienda, Dolores Carcedo, anunció ayer que el Principado presentará un nuevo recurso ante el Constitucional contra el propósito del Gobierno central de gravar los depósitos bancarios al 0,03 %. Esta decisión supone en la práctica activar el tributo estatal que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, creó en 2013 con un tipo nulo (0%), en un intento de tumbar los impuestos autonómicos que ya tenían tres comunidades (Canarias, Extremadura y Andalucía) y los que estaban a punto de recaudar Cataluña y Asturias. Argumentando la defensa de la unidad de mercado, Montoro utilizó esa herramienta en un intento de esterilizar jurídicamente los gravámenes autonómicos. El pulso condujo a un primer recurso de Hacienda ante el Tribunal Constitucional y a un segundo promovido por el Principado, que ahora prepara un tercero.

A mediados del pasado año, y al hilo del primero de esos recursos, la magistratura constitucional permitió al Principado seguir recaudando el impuesto mientras se resolvía el fondo de la cuestión. Pero de hecho esa recaudación está siendo muy limitada, como antes ocurrió, y por razones muy parecidas, con el impuesto asturiano sobre los hipermercados. La existencia de un conflicto en el Constitucional dio pie a que la mayoría de los bancos formularan sus propios recursos. Eso los habilita para presentar avales como garantía de pago en el futuro en lugar de tributar ahora. El abono efectivo queda así aplazado hasta que resuelvan los tribunales. Si el Constitucional falla a favor de mantener el impuesto, la banca deberá abonar todo el dinero atrasado más los intereses por aplazar el pago, pero entre tanto se ahorra el dinero.

El efecto en la recaudación ha sido el siguiente el siguiente: el pasado año, el Principado determinó que la banca debía tributar 35,7 millones de euros, pero los pagos no pasaron de 4,8 millones, sólo el 13,44%. El resto fue justificado mediante avales.

Este año, las entidades financieras mantienen el mismo hábito. El Gobierno ha estimado que debería ingresar 46 millones por el impuesto sobre los depósitos bancarios. La consejera Carcedo avanzó ayer además que si el Gobierno central impone desde ya el impuesto estatal (con un tipo del 0,03%), la pérdida de ingresos para Asturias sería de 41 millones aun en el caso de que Hacienda cediera la recaudación a las autonomías. El Principado aplica a la banca una tarifa que va del 0,2% al 0,3% de los depósitos.

El consejero de Presidencia, Guillermo Martínez, denunció que el Gobierno de Rajoy actúa con "mala fe y deslealtad institucional" al implantar un tributo que busca "reducir la autonomía financiera de las comunidades autónomas" en lugar de recaudar.