La Administración General del Estado tardó una media de 36,5 días en pagar a sus proveedores en el segundo trimestre de 2014, por encima de los 27 días que se alcanzaron en el primer trimestre, pero inferior a los 40 días del mismo periodo del año anterior. La ley de Morosidad fija ese plazo en 30 días, 60 en el caso de pagos a empresas constructoras de obra civil con contrato en vigor.
