La extinción de los contratos de arrendamiento de locales con renta antigua a partir del 1 de enero del próximo año afecta a unos 4.000 negocios asturianos, básicamente pequeños comercios y establecimientos de hostelería, y pone en riesgo 6.000 empleos, según las estimaciones de las organizaciones de autónomos. Ayer, estos colectivos reclamaron una moratoria de diez años para evitar que, en un contexto de crisis como el actual, el incremento de las rentas que conllevará el final de los citados contratos provoque una oleada de cierres.
Los contratos de alquiler de locales anteriores al 9 de mayo de 1985 y que estén a nombre de sociedades o de descendientes de sus titulares originales perderán desde fines de año la condición de indefinidos, derivada del derecho a la prórroga forzosa que transitoriamente mantuvo la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994. Este cambio impone negociaciones entre los propietarios e inquilinos, que ahora pagan cantidades muy por debajo del valor del mercado. En ocasiones inferiores a 100 euros al mes. El asunto alcanza sobre todo a negocios situados en los centros históricos de las ciudades, en barriadas con desarrollos comerciales antiguos y en pueblos.
La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) lanzó ayer la creación de una plataforma para exigir una moratoria de diez años, un planteamiento que comparte la federación de autónomos AFAS. "Si se liberalizan por completo esos contratos en este momento, muchos negocios resultarán inviables", señaló Manuel Prieto, responsable de UPTA en Asturias. El colectivo plantea que se demore diez años el final de la renta antigua, aplicando al mismo tiempo una actualización del entorno del 30% en las rentas para mejorar los ingresos de los propietarios. Rosa Suárez, presidenta de AFAS, alertó de que hasta el 20% de los comerciantes y hosteleros asturianos están afectados y que entre ellos son muy frecuentes los casos de arrendatarios que están a menos de diez años de la jubilación.
El asunto será debatido en la Junta General del Principado. Alejandro Vega, diputado regional del PSOE, anunció una iniciativa para pedir al Gobierno central que establezca la moratoria que piden los autónomos y también que se dispongan ayudas a través del Instituto de Crédito Oficial.
