Competencia pide que las eléctricas, no el consumidor, asuman el coste del fraude

Las pérdidas de la red, sobre todo por enganches, cuestan 150 millones al año

03.09.2015 | 01:45

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha propuesto que sean las compañías eléctricas y no los consumidores quienes asuman las pérdidas de suministro eléctrico que cada año registra la red, estimadas en 150 millones de euros anuales, y que en su mayor parte están vinculadas a fraudes en las conexiones. El "superregulador" considera que se incentivaría a las compañías a reducir las pérdidas de electricidad y a atajar el fraude, que además registra desde 2012 un "significativo aumento y profesionalización".

La CNMC apunta que en la actualidad, según la Ley del Sector Eléctrico, la energía defraudada "no supone una disminución de los resultados de las compañías eléctricas, sino un mayor coste para los consumidores". "Son estos quienes sufragan el coste que los efectos del fraude suponen para el sistema", asegura. Por ello, la CNMC ha elaborado un informe con una propuesta para atajar ambos problemas. Así, por un lado, pide revisar el actual incentivo que se da a las empresas distribuidoras para controlar el fraude. Por otro, propone dos alternativas para achacar la responsabilidad sobre las pérdidas del sistema. La primera opción pasa por que el distribuidor sea el responsable de comprar la diferencia de pérdidas reales y estándares (las derivadas de defectos técnicos del sistema). De esta forma, las pérdidas reales, y no las técnicas, se asumirían por "los responsables de la calidad de la red y no por el consumidor". La segunda contempla que el comercializador siga siendo el responsable de comprar las pérdidas del sistema, pero que el distribuidor le financie la diferencia entre perdidas técnicas y reales.

"En ambos casos, el coste de las pérdidas reales incidiría de forma inmediata sobre los ingresos de los distribuidores, por lo que se reforzaría el incentivo a la reducción de pérdidas", argumenta la CNMC, que destaca la necesidad de fomentar una acción conjunta para acabar con las distintas modalidades de fraude, entre las que cita los enganches sin contratos a la red de distribución o a instalaciones de otro usuario, la colocación de derivaciones para suministrar energía a una instalación no prevista en el contrato o la manipulación de los contadores.

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