Los servicios de inspección tributaria de la Administración asturiana han intensificado la investigación de irregularidades y fraudes en relación al impuesto de sucesiones. El número de expedientes instruidos por el personal del Principado ha aumentado más del 50% durante el último lustro como resultado de un método de trabajo que, entre otras situaciones, pone el foco sobre los cambios de domicilio a otras comunidades para eludir o aligerar la carga del tributo que grava las herencias.
Las informaciones que periódicamente transmite el Ente Público de Servicios Tributarios (agencia autonómica encargada de la gestión y recaudación de tributos) al Ministerio de Hacienda indican que el seguimiento del impuesto de sucesiones es el cometido principal de los trabajos de inspección. El pasado año, el personal adscrito a esas tareas instruyó un total de 466 actas de investigación, de las que casi el 91% (423) correspondieron a asuntos relacionados con la tributación de las herencias. El número de actas sobre sucesiones fue en 2014 el mayor en cinco años y un 57% superior al registrado en 2010. Los resultados económicos van en la misma dirección: el importe reclamado a los contribuyentes investigados fue en el último ejercicio de 24,2 millones de euros (una media superior a 57.000 euros por acta), cantidad que supera en el 39% a la de 2013 y que casi duplica el resultado de 2010. En 2012, el importe superó de manera extraordinaria los 30 millones porque uno de los casos sometidos a inspección correspondió a una herencia singularmente elevada.
El Fisco regional dispone de planes específicos para el control del impuesto de sucesiones y también para el de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, tributo que grava, entre otras operaciones, la compraventa de viviendas de segunda mano. El servicio de inspección tiene acceso a las bases de datos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y utiliza herramientas informáticas para realizar comprobaciones sobre las declaraciones presentadas por los herederos y también para localizar casos de herencias que no son declaradas.
Los inspectores y agentes fiscales del Principado suelen rastrear discrepancias entre los datos del patrimonio conocido en los años anteriores al fallecimiento y el valor de la herencia que reconocen los herederos. Así, se hurga en el historial de tributación del impuesto de bienes inmuebles (IBI) y en el de actividades económicas (IAE) en los casos de empresarios. Los servicios tributarios realizan asimismo comprobaciones sistemáticas de las declaraciones cuando el valor de las herencias supera el millón de euros.
Según las informaciones recabadas, los controles están igualmente orientados a detectar irregularidades en tres particularidades del impuesto asturiano: la reducción que beneficia a las herencias modestas, la bonificación a las empresas de propiedad familiar y los cambios de domicilio realizados con el propósito de tributar fuera de Asturias, una de las regiones donde la presión fiscal sobre los herederos es más alta.
La bonificación. Son objeto de comprobaciones especiales las declaraciones de herederos con bases imponibles inferiores a 150.000 euros, pero que se acercan a esa cantidad. Por debajo de ella, el contribuyente está liberado de tributar si su patrimonio preexistente es inferior a 402.678 euros, algo que también se somete a escrutinio.
La empresa familiar. Los planes de inspección dan particular importancia a las herencias que incluyen participaciones empresariales. En ciertas circunstancias, los herederos de una empresa familiar disfrutan de una importante reducción de la base imponible. En este caso los controles suelen centrarse en evitar que esa reducción se aplique sobre bienes patrimoniales no directamente vinculados a la actividad de la empresa.
La deslocalización. Según consta en documentos del Ministerio de Hacienda, el Principado ordenó al menos desde 2010 "prestar especial atención a los cambios fingidos de domicilio", poner la lupa sobre los patrimonios que se deslocalizan de Asturias para tributar menos en las autonomías donde, como en Madrid, el impuesto de sucesiones es mucho más bajo.
