El nuevo Gobierno socialista portugués inició el proceso para suspender "con efecto inmediato" los contratos de privatización de la gestión de los transportes urbanos de Lisboa y Oporto y que fueron suscritos por el anterior ejecutivo, de centro-derecha, con la empresa española Avanza, de capital mexicano (adjudicataria del metro y los buses de la capital lusa), y con la asturiana Alsa y la francesa Transdev, que ganaron, respectivamente, los concurso de privatización de los autobuses y el metro de Oporto.

El ministro de Medio Ambiente luso, João Pedro Matos Fernandes, ordenó a las empresas públicas de metro y autobús de ambas ciudades que no envíen al Tribunal de Cuentas los documentos necesarios para que el órgano judicial dé el visto bueno a la privatización y finalice el proceso. Las concesiones, pese a estar aprobadas, no entraron todavía en vigor debido a que estaban pendientes del dictamen del Tribunal de Cuentas luso.

Avanza esperaba ingresar con el contrato 1.075 millones durante su vigencia, y Alsa, 500 millones. Alsa y Avanza son, por este orden, el primero y el segundo grupos españoles más importantes de autocares.