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La Fiscalía denuncia a UGT Asturias por fraude en subvenciones para formación

El ministerio público detecta "aparentes sobrecostes" en la justificación de cursos y facturaciones "presuntamente falsas" que el sindicato niega

23.12.2015 | 03:34
La sede de UGT y de la fundación IFES en Asturias.

La Fiscalía del Principado de Asturias ha denunciado en el Juzgado de Oviedo a UGT Asturias para que se acaben de investigar presuntos delitos de fraude de subvenciones públicas y falsedad documental. El fiscal Gabriel Bernal detectó "aparentes sobrecostes" en la justificación de actividad formativas realizadas por la fundación IFES -dependiente del sindicato- con ayudas públicas y facturaciones "presuntamente falsas". UGT hizo público ayer mismo un comunicado defendiendo "la absoluta legalidad" de su proceder e indicando que el fiscal, tras "más de un año de investigación (...), no ha encontrado prueba de las acusaciones" formuladas contra el sindicato, que "es una organización honesta, decente e íntegra".

La investigación se inició hace un año a raíz de las pesquisas abiertas en Sevilla por presuntas irregularidades en el uso de subvenciones para la formación recibidas por UGT. Su publicitación hizo que un exempleado del sindicato denunciara en Madrid que hechos similares se habían producido en Asturias. Las investigaciones se extendieron posteriormente no sólo al Principado, también al País Vasco, Baleares, Extremadura y Galicia.

Según explicó ayer la Fiscalía en un comunicado, en Asturias las diligencias de investigación se incoaron en diciembre de 2014, tras un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el que se denunciaba "una relación de hechos que podrían ser constitutivos de un delito contra la Hacienda Pública y otro de falsedad documental". Añade el comunicado que "los hechos se referían, en esencia, a una supuesta actuación fraudulenta en materia de subvenciones públicas llevada a cabo desde un tiempo no precisado, pero que se remontaría a muchos años atrás, por el sindicato UGT, a través de su fundación IFES, con sede en Madrid y con delegaciones territoriales".

IFES es el Instituto de Formación y Estudios, una fundación que es la punta del iceberg de la actividad formativa desarrollada por UGT para trabajadores y desempleados, pero que también tiene facturado en algunos casos para otros departamentos beneficiarios de ayudas publicas, como inmigración, juventud y prevención de riesgos laborales, entre otros. Además, el IFES también desarrolla actividades de estudios sociales.

Las investigaciones practicadas hasta ahora apuntan a que existen indicios de "diversas conductas de apariencia delictiva que justifican la formulación de la denuncia" en el Juzgado de Guardia. La Fiscalía concreta más y señala que los presuntos delitos se circunscriben a "los aparentes sobrecostes en la justificación de las actividades formativas realizadas por IFES en relación con las subvenciones públicas recibidas entre 2010 y 2013, enmascarados en algunas ocasiones con facturación presuntamente falsa".

Según la Fiscalía, "la dificultad que ha entrañado la investigación no ha permitido practicar la totalidad de la prueba que se entendía necesaria para el completo esclarecimiento de los hechos, pero la finalización del plazo previsto por ley para el desarrollo de la investigación abierta obliga al cierre de la misma". Pero añadió que "la dinámica desarrollada en el ámbito de las actividades subvencionadas, las relaciones y vinculaciones de las entidades y sociedades implicadas, todas ellas conectadas con el sindicato UGT Asturias, y los demás datos incluidos en las diligencias, aconsejaban prolongar la investigación". Es esta falta de tiempo para finalizar el proceso lo que le ha llevado a judicializarla. El fiscal solicita que se declare la complejidad de la causa, lo que permitiría que el plazo de instrucción sea de 18 meses e incluso conseguir después una prórroga. Sería al finalizar este proceso cuando se concretarían las imputaciones.

UGT reaccionó con sorpresa a la denuncia de la Fiscalía "cuando reconoce que tras un año de investigación no ha encontrado pruebas que sustenten una acusación". El sindicato añade a ese tiempo, el dedicado previamente por la UCO, "sin haber evidencia de unas acusaciones que fueron formuladas sin base real y malintencionadamente por extrabajadores" de la organización.

El sindicato ugetista mostró su deseo de que en la fase de instrucción "pueda esclarecerse por fin y de forma definitiva este asunto, que tanto se está alargando y que tanto daño está haciendo al prestigio" de UGT. Y advirtió de que una vez que se aclare todo, "aunque suponga tiempo", exigirá el "resarcimiento del sufrimiento" al que se ve sometido.

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