Puesto que hay que dar al César lo que es del César, hoy quiero comentar una decisión adoptada hace pocos días por el Gobierno del Principado, con repercusión en el impuesto sobre sucesiones, que celebramos y a la que concedemos su importancia, no tanto por la repercusión económica que tiene, que es muy escasa, como por el significado que entraña. El Gobierno del Principado ha publicado los coeficientes multiplicadores que se aplicarán sobre los valores catastrales durante el año 2016 para el cálculo del llamado "valor real" de los inmuebles urbanos, valor que constituirá la base imponible de los impuestos de transmisiones patrimoniales y sobre sucesiones y donaciones.

Me he referido en otras ocasiones a la sorprendente competencia que la ley 36/2006 concede, de forma un tanto encubierta, a la Administración tributaria -y que sólo utilizan las autonomías, pero no el Estado ni los ayuntamientos- para corregir el valor catastral de los inmuebles urbanos a efectos del cálculo de los tributos que le competen, concesión que juzgo de dudosa legalidad dada la duplicidad de funciones que representa. Duplicidad cuya trascendencia podemos suponer si se siguiera por el mismo camino en el futuro concediendo facultades a las distintas instituciones y organismos para que puedan corregir los actos y resoluciones administrativas de otras instituciones y organismos.

Por otra parte, como ha recogido LA NUEVA ESPAÑA, algunos jueces, en este caso el Tribunal Superior de Justicia de Valencia, entienden que este procedimiento generalizado de comprobación de valores no es correcto, pues cada inmueble debe ser valorado individualmente. Pero, de momento, mientras no se enmiende el disparate (término empleado por un catedrático de derecho administrativo en una conversación informal que tuve la oportunidad de mantener con él) la ley aprobada por un Gobierno de Zapatero se mantiene vigente.

La noticia está hoy en que el Gobierno del Principado, al publicar los coeficientes multiplicadores, ha reducido en algunos concejos los que estuvieron vigentes en 2015 sin que haya elevado el valor catastral. Como decía, la medida no tiene gran trascendencia económica (en Oviedo por ejemplo se baja del 1,56 al 1,42), pero la decisión supone una de dos cosas: o el Gobierno está reconociendo que los coeficientes eran excesivos o bien que los precios de los inmuebles están bajando, dos cosas evidentes que en otros momentos se habían ignorado.

Felicitémonos pues en la esperanza de que el paso dado, que se une a la anterior decisión, de momento congelada, de corregir el "error de salto", sea el inicio de un cambio de rumbo. El Gobierno regional tiene la oportunidad de utilizar sus competencias para liberar a los ciudadanos de la injusta y abusiva ley nacional que estamos soportando. Confiemos en que encuentre el modo de equipararnos a otras comunidades que ya han liberado a los suyos de esta pesadilla y haga así realidad el eslogan regional, pues estamos lejos de poder presumir de paraíso cuando soportamos en las sucesiones hereditarias una de las cargas fiscales mayores del país y de Europa.