"Al final ya no era una cuestión de recuperar mi dinero, sino de orgullo". Quien habla es el ovetense José Ramón Fernández, una de las miles de víctimas que vieron cómo una parte de sus ahorros quedaba atrapada en la salida de Bankia a Bolsa. Hace sólo unos días que el juez le dio la razón y condenó a la entidad a devolverle parte de los ahorros que había gastado en acciones. Consideró que le habían engañado. Litigios como el suyo se cuentan por centenares en Asturias, sostienen los abogados. La banca está saliendo derrotada de los Juzgados en una gran mayoría de las demandas de los pequeños consumidores en casos como las cláusulas suelo, hipotecas multidivisa, participaciones preferentes, deuda subordinada o "swaps". El catálogo es extenso.
"En muchos casos, los magistrados están haciendo el papel que en su momento debería de haber hecho el regulador", asegura el letrado ovetense José Antonio Ballesteros. "Leí el folleto que te daban antes de comprar las acciones y vi que aquello estaba avalado por el Banco de España y por la CNMV, por lo que no había razón para desconfiar", relata Fernández. Pero unos meses después no sólo no crecía su dinero sino que "recibí una notificación en la que me decían que ya no tenía prácticamente nada". Un palo. "Cada vez que venía el extracto me llevaba un nuevo cabreo, aquello era una tomadura de pelo", explica.
Empezaba así una batalla en los tribunales de la que José Ramón Fernández ha salido victorioso. Como David contra Goliat. Su abogado, Juan Rodríguez-Ovejero, representante en Asturias de la Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc), asegura que "no todo está ganado de antemano, hay procesos que hay que lucharlos bastante", pero reconoce que "los jueces son personas y saben lo que hay en la calle".
No sólo los clientes se vieron atrapados en las prácticas abusivas de la banca. También incluso sus empleados. Ana Robledo era la directora de la antigua oficina de Bankia en La Felguera (Langreo), y fue también uno de los muchos asturianos que invirtieron en la salida a Bolsa de la entidad. Ella, algún familiar y también algún amigo, a los que convenció. Recuerda que unos días antes del estreno bursátil muchos empleados "nos reunimos en Avilés con Rodrigo Rato (entonces presidente de la entidad), quien nos insistió en que aquello era un tema capital para el banco, que lo vendiéramos como la inversión del año. Ahora entendemos el porqué, pero en aquel momento creímos en él ciegamente". Robledo reclamó y hace una semana un juez asturiano entendió que era una agraviada más, como cualquier otro de sus antiguos clientes. Hace tres años que su oficina cerró y ella quedó en la calle, afectada por los recortes de empleo de Bankia. "Es algo de lo que se habla poco, pero fuimos muchos los que nos quedamos en la calle", asegura.
Ahora trabaja como teleoperadora y sigue en contacto con muchos de sus antiguos clientes. "No volveré a ser tan crédula", asegura. El abogado que llevó su caso, Manuel Noval, representante en Asturias de la Asociación de Perjudicados de Entidades Financieras (Apdef), resalta que "los jueces están siendo bastante sensibles con este tipo de casos, y en Asturias más aún".
José Antonio Ballesteros, letrado de la Unión de Consumidores, asegura que "un 60 por ciento de la población asturiana puede estar afectada por alguno de estos productos financieros". Y añade que en muchos casos los jueces están haciendo el papel que le correspondería a los órganos supervisores. "En países como Reino Unido se pusieron en seguida coto a los 'swaps' y a muchos otros productos para que no se vendieran al público minorista". Aquí no ocurrió así.
Sólo una minoría de los afectados demanda a su banco, afirman los letrados
El paso de demandar a un banco es complicado, reconocen los abogados asturianos. José Antonio Ballesteros va un poco más allá y asegura que en España se reclama muy poco. "Sólo un 10% de los afectados por productos irregulares lo ha hecho", destaca el letrado. "Mucha gente sigue teniendo miedo", añade.
Quien sí dio ese paso al frente fue Carlos Graña, un hostelero de Piedras Blancas que firmó una hipoteca sin saber que el tipo de interés nunca le bajaría del 3% por mucho que viera en las noticias que el euribor se estaba derrumbando. Tenía una cláusula suelo. Lo que peor le sentó es que quien se la vendió era un conocido de total confianza. "Incluso le mandé muchos clientes a la oficina, venía mucho por el bar y teníamos una buena relación", recuerda. Pero aquella amistad se quebró cuando Graña descubrió el engaño. "Estuve meses pidiéndole que me la quitara, pero todo eran largas", explica. Hasta que se cansó y enfiló el camino de los Juzgados.
Graña ganó la batalla y le devolvieron parte de lo pagado de más. Pero sólo una parte: desde mayo de 2013 hasta el día que se firmó la sentencia, tal y como establece una controvertida doctrina que el Tribunal Supremo justifica para no dañar en exceso las cuentas de las entidades financieras. En su caso, el juez le dio una de cal y otra de arena, ya que le obligó a hacerse cargo de las costas del proceso. "Al final, entre lo que me dieron y lo que tuve que pagar casi quedé como estaba", asegura. Eso sí, mes a mes el alivio en su bolsillo es notable. Haciendo cuentas asegura que ahora paga 134 euros menos al mes por su préstamo.
Según José Antonio Ballesteros, cada día además están surgiendo nuevos casos de abusos. "Ahora empieza a haber sentencias sobre tipos de interés que se consideran usureros, seguro que habrá un montón de casos así", resalta. Pero no todas las luchas judiciales se están ganando. Aunque los abogados que defienden a los consumidores aseguran que la tasa de éxito es bastante elevada, la cosa cambia cuando se trata de un inversor más cualificado o una empresa. Entonces las demandas se complican, los argumentos cambian y la banca tiene más papeletas para salir victoriosa.
