La juez que instruye el caso del presunto fraude en los cursos de formación de UGT en Asturias ha requerido a las entidades financieras el listado de los movimientos de dinero de seis empresas que podrían haber facilitado al sindiciato y a su fundación IFES la facturación necesaria para justificar ante el Principado gastos ficticios con subvenciones para la formación.
La juez, que también ha solicitado información a la Tesorería General de la Seguridad Social, libró el mandamiento a petición del Grupo de Delincuencia Económica de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que inició las investigaciones tras una denuncia de un antiguo trabajador de IFES. Posteriormente se abrieron diligencias judiciales tras hallarse indicios de que las subvenciones del Principado a UGT y su fundación IFES para formación podrían estar sirviendo para la financiación de esas entidades y no para la ejecución de los cursos. Asimismo también se hallaron indicios de la posible implicación de varias empresas interpuestas que podrían facilitar la facturación necesaria para justificar los presuntos gastos ficticios ante el Principado, con servicios que no se habían prestado o inflando los costes de material y alquiler de locales.
La mayoría de esas empresas -sobre las que la juez ha solicitado ahora información bancaria- pertenecen a UGT o a IFES tanto a nivel nacional (Localmur y Formación 2020) como a nivel regional (Unigem, Edicom e Infastur). En el listado también hay una empresa de la región, Mamparas Asturianas, que no está participada por el sindicato pero que, según destaca el auto de la juez, "fue la encargada de todas las obras y suministro de mobiliario de las sedes en Asturias de UGT". El administrador de Mamparas Asturianas en el periodo de tiempo investigado, Víctor José Menéndez, señaló ayer que "nos limitamos a vender e instalar material de oficina, todo está en regla y aportaremos toda la información que tengamos, somos una empresa pequeña y no guardamos todas las facturas viejas".
