España incumple los objetivos de estabilidad presupuestaria

El Principado descarta nuevos ajustes pese al alto déficit que le atribuye el Gobierno central

Montoro pretende limitar el gasto de las autonomías tras un desfase en las cuentas del Estado superior en 10.373 millones al permitido por Bruselas - El Gobierno regional afirma que Hacienda infla la desviación de Asturias hasta el 1,53% del PIB al computar gastos como el contrato de la autovía AS-II

01.04.2016 | 08:50
El Principado descarta nuevos ajustes pese al alto déficit que le atribuye el Gobierno central

España incurrió en 2015 en un déficit público del conjunto de sus administraciones públicas del 5,16% del producto interior bruto (55.755 millones de euros), lo que representa un incumplimiento de casi un punto porcentual (0,96% del PIB) respecto al 4,2% comprometido con Bruselas. El Gobierno admitió así una desviación por valor de 10.373 millones respecto a lo pactado con la UE, de lo que acusó a las comunidades autónomas. El Gobierno de Asturias rechazó la cifra de déficit que le atribuye el Ministerio de Hacienda (1,53% del PIB) y la rebaja a menos de la mitad (entre el 0,72 y el 0,78%). La discrepancia asciende a 150 millones. El Principado descartó más ajustes.

La consejera asturiana de Hacienda, Dolores Carcedo, atribuyó la discrepancia con Montoro a "reclasificaciones" y a gastos no recurrentes que el Ejecutivo central imputó a las cuentas del Principado. Carcedo aseguró que "puede considerarse que Asturias ha estado muy cerca o ha cumplido el objetivo", y aseguró que, por lo tanto, no se necesitan nuevos recortes del gasto.

Por administraciones. Según los datos difundidos ayer por el Ministerio de Hacienda, la Administración central contribuyó al déficit total con 2,76 puntos de PIB (29.822 millones), a lo que hay que sumar el saldo negativo de la Seguridad Social (1,26 puntos de PIB, equivalentes a 13.614 millones). Esto arroja un total de 43.436 millones atribuibles al aparato central del Estado.

Las comunidades autónomas incurrieron en números rojos equivalentes al 1.66% de la producción nacional (17.936 millones) y las corporaciones locales (ayuntamientos, diputaciones, cabildos y mancomunidades) obtuvieron un superávit del 0,44% del PIB (4.754 millones).

El titular de Hacienda, Cristóbal Montoro, acusó a las autonomías de ser las causantes del incumplimiento -lo mismo ocurrió en 2011, en el último ejercicio de Zapatero- por haber superado el objetivo de déficit que les impuso el Gobierno de Rajoy, aunque el ministro admitió que el límite máximo de descubierto que les asignó a las regiones era un "objetivo exigente y ambicioso". No obstante, el ministro sostuvo que el hecho de que tres de las 17 comunidades (Canarias, Galicia y País Vasco) lograran cumplir con lo que se les exigió significa que la meta era alcanzable.

La acusación de Montoro se fundamenta en que la Administración central (sin la Seguridad Social) cerró con un déficit de 14 centésimas por debajo del objetivo (2,9% del PIB) que el Gobierno central se concedió a sí mismo, y las corporaciones locales consiguieron un superávit de 0,44 puntos cuando se les había pedido sólo el equilibrio. Por el contrario, la Seguridad Social rebasó el máximo de déficit previsto en 0,6 puntos y las comunidades autónomas superaron el que les impuso el Gobierno de Rajoy en 0,96 puntos (10.373 millones).

Las comunidades autónomas (que gestionan un tercio del gasto y a las que sólo se les permite un octavo del déficit público total del Estado) discrepan con este reparto vertical del margen de desfase presupuestario: a la Administración central (sin Seguridad Social) se le permite un descubierto del 2,9% del PIB y a las autonomías, del 0,7.

Incumplimiento con Bruselas. El incumplimiento español del déficit comprometido con Bruselas (y que ayer fue censurado por todos los partidos de la oposición como un fracaso) sitúa a España como uno de los dos países con mayor desfase. Éste superó incluso el incumplimiento que había pronosticado el pasado otoño la Comisión Europea (4,5%, tres décimas más de lo exigido) y que el Gobierno de Rajoy negó en público hasta el 11 de febrero, pese a que en octubre lo había reconocido en un documento dirigido a Bruselas. Todo esto complica la pretensión española de lograr de las autoridades europeas un nuevo aplazamiento de la convergencia fiscal exigida.

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