El primer contacto entre la dirección de Arcelor-Mittal y el comité de empresa de la planta de Zumárraga acabó ayer sin ningún avance, sin datos sobre los posibles traslados del personal de la factoría que la multinacional quiere cerrar de forma parcial y con las posiciones de ambos enfrentadas y muy distanciadas. La empresa se comprometió a presentar este jueves, en una nueva reunión, una memoria técnica y jurídica justificando su decisión de cesar su actividad en la fábrica vasca, y despejar el destino de los 340 trabajadores que se van a recolocar. Algunos de ellos podrían recalar en Gijón o Avilés. Por su parte, los sindicatos están convencidos de que la instalación industrial tiene futuro y exigen a la compañía que presente un plan de viabilidad.

Tras varios días de tomas y dacas sobre el lugar donde debería celebrarse la reunión, el encuentro se produjo en terreno neutral, en la sede del llamado Preco (el organismo guipuzcoano para la solución de conflictos laborales), en San Sebastián. Aun así, los directivos de Arcelor no se libraron de las protestas. Decenas de trabajadores de la fábrica les recibieron a la entrada con carteles de "No al cierre" y "No al terrorismo industrial", y con el suelo de la entrada a la oficina repleto de esquelas en las que se anunciaba el cierre de la factoría y se reprochaba a la multinacional que vaya a dejar a 350 familias en la calle.

El presidente del comité de empresa, Leo Bote, señaló a la salida de la reunión que "la empresa se ha ratificado en iniciar un proceso de traslados y una modificación sustancial de las condiciones de trabajo". También reconoció que durante el encuentro se habían dado varios momentos de "tensión", ya que las posiciones de ambos "son radicalmente opuestas".

Pero Zumárraga no es la única factoría española de Arcelor que atraviesa por problemas. Los trabajadores, unos 250, de Zaragoza han convocado cuatro jornadas de huelga en protesta por el bloqueo por el que pasa la negociación del convenio colectivo. Los paros se llevarán a cabo la próxima semana. Esta instalación está al margen de la negociación del acuerdo marco, que los sindicatos y la empresa pactaron en enero y que ponía fin a los recortes y tijeretazos que había adoptado la multinacional para hacer frente a la crisis económica. La compañía pretendía aplicar una variabilización de los salarios sobre su plantilla zaragozana del 25%. Los empleados rechazaron de frente la oferta y la multinacional, según fuentes sindicales, pretende ahora aplicar el convenio provincial del sector. Lo que supone una merma salarial del 50%.