La Audiencia Nacional decretó ayer la apertura de juicio oral a los ocho exdirectivos de la extinta Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) acusados de varios delitos, entre ellos estafa y falsedad documental, e impone 1.592,4 millones de euros de fianza, tal y como solicita el fiscal.
Los ocho acusados disponen de 24 horas para depositar los cerca de 1.600 millones de euros de fianza que solicita el fiscal, que atribuye a los ocho antiguos miembros de la cúpula, entre ellos el expresidente de la entidad Modesto Crespo y los ex directores generales Roberto López Abad y María Dolores Amorós, los delitos de estafa continuada agravada, falsedad documental, apropiación indebida y falsedad documental en 2010 y 2011.
También están acusados los exdirectivos Teófilo Sogorb, Vicente Soriano, José Martínez, Juan Luis Sabater y Salvador Ochoa. Las mayores penas que solicita el fiscal son para López Abad, Sogorb y Martínez, como autores de un delito de falsedad contable y estafa. Cada uno de ellos se enfrenta a siete años de cárcel.
En el juicio declararán como testigos, a petición del fiscal y de dos de las acusaciones particulares, el consejero delegado de Liberbank, Manuel Menéndez, y el directivo Jesús Ruano. Ambos participaron como responsables de Cajastur en un intento de fusión con la CAM que quedó abortado ante la situación de la caja alicantina, luego intervenida. El escándalo sobre la gestión de la CAM estalló tras esa ruptura con Cajastur. Menéndez y Ruano ya testificaron en al fase de instrucción y sus declaraciones resultaron claves para establecer la acusación contra la cúpula de CAM por falsedad en las cuentas.
