El Tribunal de Justicia de la UE despejó ayer el futuro de los astilleros asturianos tras publicar una nueva sentencia que confirma la legalidad del actual sistema español de amortización anticipada para la financiación de activos ("tax lease") y que es aplicable, entre otros sectores, por la industria de construcción naval.

El fallo del tribunal europeo, que no es recurrible, rechaza así el recurso interpuesto por la asociación de astilleros holandeses, como ya hizo la corte europea en primera instancia el 9 de diciembre de 2014 y que supuso la condena al colectivo empresarial de los Países Bajos al pago de las costas. En la nueva sentencia, conocida ayer, el tribunal vuelve a imponer a los demandantes el pago de los costes generados por el proceso judicial.

La resolución europea despeja el futuro de los astilleros asturianos, que hubiesen sido, con los vascos, los más dañados (por el número de construcciones navales afectadas) en caso de que hubiese prosperado la pretensión holandesa.

Almudena López del Pozo, consejera delegada de Pymar (la organización que engloba a los astilleros privados españoles), señaló que el respaldo de la justicia comunitaria al nuevo sistema "tax lease", que ya había sido autorizado por la Comisión Europa en 2012, "otorga, si cabe, mayor seguridad jurídica al nuevo sistema español de financiación de activos aplicable a buques" y "vuelve a poner en evidencia", sostuvo, "la injusta e ilegítima estrategia de acoso y derribo de los astilleros holandeses contra el sector naval española".

Pymar se quejó de que el "tax lease" vigente en Holanda aún no ha sido investigado por la Comisión Europea pese a que fue denunciado hace más de tres años por los astilleros españoles.

El "tax lease" es un sistema de ayudas fiscales, aplicable al sector naval, a los de la construcción de ferrocarriles y aviones, la producción cinematográfica y otros, y que permite un ahorro de costes. El nuevo "tax lease" español, que data de noviembre de 2012, fue aprobado por las autoridades europeas -un hecho sin precedente en este tipo de mecanismos- una vez que el sistema precedente, que estuvo vigente en España entre 2002 y 2011, fue anulado por la UE por considerarlo no acorde con la norma europea.

Aunque a fines de 2014 el Tribunal de Luxemburgo rechazó en primera instancia el recurso de los astilleros holandeses, éstos apelaron, lo que Pymar interpretó como un intento de "mantener abierto el litigio" para "seguir generando incertidumbre y perjudicar la actividad comercial naval de España". El recurso holandés pretendía que el tribunal anulase, por supuestos defectos de forma y de procedimiento, la autorización del "tax lease" español por la Comisión Europea en 2012. Desde que el nuevo "tax lease" entró en vigor, en 2013, se acogieron a este nuevo mecanismo 27 buques, todos ellos construidos en Asturias y País Vasco, por lo que, de haberse producido un fallo judicial favorable a Holanda, los sectores navales de ambas comunidades autónomas hubiesen sido los más perjudicados.

La sentencia conocida ayer se suma a la dictada por el Tribunal de Luxemburgo en diciembre y según la cual el anterior sistema español de arrendamiento fiscal ("tax lease") no constituyó ayuda de Estado, por lo que los astilleros españoles que se habían acogido al mecanismo anulado (entre ellos, varios asturianos) no deberán devolver los importes de tales beneficios, toda vez que el fallo anuló la orden de recuperación de las supuestas ayudas concedidas a través del sistema que invalidado.