El sistema de financiación autonómica adolece de falta de transparencia, genera diferencias "que no tienen justificación" y aporta recursos insuficientes para atender los gastos de las regiones (sanidad y educación, principalmente). El Consejo General de Economistas considera que, por esas y otras razones, el citado modelo requiere una reforma urgente y profunda que, según su criterio, debería afectar también a la capacidad que tienen las autonomías de modificar impuestos. El colectivo es partidario, por ejemplo, de cambios que pongan coto a las divergencias tributarias entre territorios y a la proliferación de nuevos gravámenes.
Un equipo de expertos del Consejo General de Economistas ha diseccionado el modelo de financiación de las comunidades de régimen común (todas, salvo el País Vasco y Navarra) ante la reforma que presumiblemente habrá de pilotar el próximo Gobierno central. Una de las conclusiones aparece formulada así en el informe: "El resultado del sistema es un reparto de recursos arbitrario que mantiene unas diferencias entre comunidades que no se explican por sus necesidades de gasto". En los siguientes puntos se desarrollan algunas de las principales conclusiones de los autores, con los que han colaborado dos asturianos: Jesús Sanmartín, presidente del Registro de Economistas y Asesores Fiscales (Reaf), y Santiago Álvarez, hacendista y profesor de la Universidad de Oviedo.
La dispersión. El sistema reformado en 2009 aspiraba a garantizar los recursos necesarios para que los servicios del Estado del bienestar pudieran ser prestados "en igualdad de condiciones para todos los ciudadanos, independientemente de su lugar de residencia". El reparto de recursos se diseñó a través de varios fondos, financiados por medio de una cesta de impuestos estatales y autonómicos y concebidos además para reducir las desigualdades de financiación por habitante y en algún caso para primar a las autonomías con menor nivel de renta. Pero el informe del Consejo de Economistas constata que, tras aplicar esos mecanismos, "la dispersión en los ingresos entre comunidades experimenta un fuerte incremento, con unas diferencias de recursos que no se corresponde ni con sus necesidades de gasto ni responde tampoco a las diferencias de capacidad fiscal". La diferencia de recursos por habitante ajustado (cálculo que pondera los grupos de edad y otras variables para determinar teóricamente las necesidades) llegan a ser del 50% entre la región mejor financiada (Cantabria) y la que menos recibe (Canarias).
La ordinalidad. Se vulnera, añade el informe, el llamado principio de ordinalidad, según el cual el sistema debe reducir las diferencias de recursos entre las comunidades, pero sin alterar su orden, de manera que aquellos territorios que tienen más recursos tributarios antes de aplicar los mecanismos de corrección deberían también mantener mayores niveles de financiación al final. Ese principio no se cumple: las tres comunidades con mayor capacidad fiscal (según un cálculo también teórico de los ingresos tributarios) son Madrid, Cataluña y Baleares, pero en financiación ocupan, respectivamente, las posiciones undécima, décima y novena (ver gráfico adjunto). Extremadura está en el extremo contrario: su capacidad fiscal es la decimocuarta más baja, pero es la tercera comunidad mejor financiada. Asturias ocupa una posición idéntica (la sexta) en ingresos tributarios y en los recursos per cápita que recibe.
Los tributos. Los economistas defienden también que se vaya a una reforma de algunos de los tributos "íntimamente" ligados a la financiación autonómica. Añade que impuestos como el de sucesiones y donaciones (que grava a herederos y donatarios) o el de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados (sobre las compraventas de pisos y coches usados y sobre la constitución de hipotecas, entre otros supuestos) se han quedado "un tanto obsoletos". El informe no entra en más detalles, pero esboza el siguiente objetivo general: "Graduar las diferencias de tributación entre territorios y homogeneizar los principales tributos propios". Manteniendo el principio de corresponsabilidad fiscal (que las autonomías tengan competencias normativas y que sus gobiernos asuman su parte de responsabilidad por las decisiones tributarias que tomen), los autores llaman a evitar "desigualdades radicales de tributación en función de la residencia". Si bien el Consejo de Economistas no menciona ningún ejemplo, existen ya diferencias en el tramo autonómico del IRPF de unas regiones a otras y, sobre todo, enormes distancias en el impuesto de sucesiones y donaciones. Hasta el punto de que, por ejemplo, un asturiano que hereda por valor de 800.000 euros tributa mil veces más que si residiera en Canarias, la autonomía que ha pasado a tener el tributo más bajo. El informe aboga además por "homogeneizar" los principales impuestos creados por las autonomías, como los de carácter medioambiental, aunque permitiendo que las regiones retengan capacidades normativas.
