Las familias y las empresas asturianas deben a los bancos 18.260 millones de euros y están entre las menos endeudadas de España después de un proceso de ajuste que ha recortado en casi un tercio el pasivo del sector privado desde que, en 2008, alcanzó su máximo histórico. Paralelamente, los débitos de la Administración pública prosiguen su escalada: los del Principado han superado los 4.000 millones y los del conjunto del Estado español están ya en el 100,9% del producto interior bruto (PIB), un nivel inédito en más de cien años.

El endeudamiento privado asturiano es más moderado desde 2006, tras haberse reducido en unos 8.600 millones desde su punto más alto: los casi 26.900 millones que alcanzó a fines de 2008, según el Banco de España. Ese pico se produjo a la vez que estallaba la burbuja inmobiliaria española y cuando el país entraba en la Gran Recesión (2008-2014). En aquella enorme cantidad de crédito contraída por los hogares y por las sociedades no financieras y pendiente de pago estaban contenidas las hipotecas contratadas por las familias para comprar viviendas (a razón de 20.000 préstamos al año hasta 2007, seis veces los que se conceden ahora), los créditos al consumo, así como la financiación obtenida por los promotores inmobiliarios y la utilizada por otros sectores productivos para desplegar sus inversiones durante el ciclo expansivo de la economía.

Asturias entró en la crisis con una deuda privada que superaba toda la riqueza que genera la región en un año: equivalía entonces al 112% del PIB. No obstante, ese nivel de apalancamiento era menor que el de la mayoría del resto de regiones porque también lo había sido la dimensión del "boom" residencial en Asturias comparado con otros territorios, particularmente con las comunidades mediterráneas.

Hoy el nivel de endeudamiento de los hogares y las empresas asturianas está en el 85,5% del PIB y es asimismo de los más modestos. Regiones como la Comunidad Valenciana, Cataluña, Murcia o Andalucía mantienen deudas privadas que exceden su PIB anual. Asturias forma parte de un grupo de regiones que están por debajo del 90% del producto y entre las que también están Navarra, País Vasco o Galicia.

El descenso de la deuda es el resultado de la amortización de los préstamos, aunque también del hundimiento en el crédito nuevo. La sequía de financiación de estos años de crisis aceleró el desapalancamiento privado, paralelo al aumento de la deuda pública: la de la Administración del Principado alcanzó el pasado marzo la cifra récord de 4.090 millones, si bien en términos de PIB (18,8%) se mantiene claramente por debajo de la media de las autonomías (24,3%). Ayer se conoció además que la deuda del conjunto de las Administraciones públicas españolas está en 1,107 billones de euros y el 100,9% del PIB, el mayor endeudamiento desde 1909.

Las evoluciones de la deuda pública y de la deuda privada están conectadas y a menudo el aumento de la primera responde a la mutualización o colectivización de la segunda. Funciona así: los débitos públicos aumentan porque los ingresos tributarios se hunden a causa de los riesgos asumidos por el sector privado y porque también se produce, por razones análogas, una escalada en partidas del gasto público, como las prestaciones de desempleo.