23 de noviembre de 2016
23.11.2016
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El PP sopesa que los impuestos costeen varios tipos de pensiones

El Estado sufragaría la "tarifa plana" y los pagos de viudedad y orfandad La prestación marca un récord: 8.598 millones al mes

23.11.2016 | 03:43
Fátima Báñez.

El Gobierno está dispuesto a convertir las reducciones de las cotizaciones a la Seguridad Social en bonificaciones con cargo a los presupuestos generales del Estado para aliviar las cuentas de la Seguridad Social. Este cambio permitiría ingresar al sistema público de pensiones unos 1.900 millones. El ejecutivo también es proclive a seguir acrecentando la separación de las fuentes de financiación del sistema de previsión y a tal fin sopesa que las pensiones de orfandad y viudedad se financien a través de impuestos, vía Presupuestos del Estado, y no con cargo a las cuotas de los cotizantes, y sin que ello suponga que pasen a ser catalogadas como pensiones asistenciales.

Así lo avanzó ayer la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, durante su intervención en la Comisión del Pacto de Toledo, en el que se ha empezado a abordar el desafío que entraña para las pensiones públicas el agotamiento el año próximo de los 67.000 millones de la "hucha de las pensiones" que el Gobierno de Zapatero siguió dotando durante los años de la crisis pero que durante la etapa de Rajoy se ha utilizado desde 2012 para pagar las extras de los pensionistas. Báñez confirmó que el Ejecutivo prevé seguir recurriendo a este fondo de reserva.

Las reducciones de cotizaciones a la Seguridad Social o "tarifas planas" que puso en marcha el Gobierno para fomentar el empleo se financian con cargo a la Seguridad Social, por lo que el sistema pierde ingresos por esta vía, mientras que las bonificaciones de las cuotas son soportadas por el Estado a través del presupuesto del Servicio Público de Empleo (SEPE), que ingresará ese importe en la Seguridad Social. En ambos casos el abaratamiento para el empresario es el mismo pero el coste recae en distinto financiador. Báñez también expresó la necesidad de priorizar la lucha contra el fraude.

La oposición abogó por la sostenibilidad del sistema público de pensiones, cuyo déficit atribuyó al problema demográfico emanado del envejecimiento de la población española y a decisiones del PP: la reforma laboral (la devaluación salarial redujo las cotizaciones), la tarifa plana en las cuotas, que los becarios dejaran de cotizar, la reducción de la protección del desempleo (que menguó el número de cotizantes), la supresión de muchas cuidadoras de la Dependencia y otras. La mayoría de la oposición criticó que el Gobierno rechace volver a la revalorización de las pensiones vinculada a la inflación.

El gasto en pensiones contributivas de la Seguridad Social ascendió a 8.598,6 millones de euros en noviembre, lo que supone un aumento del 3,09% con respecto al mismo mes del año pasado y un nuevo récord.

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