El Consejo de Ministros aprueba hoy un paquete de medidas fiscales con las que espera obtener cerca de 8.000 millones de euros y cuadrar las cuentas de 2017. Se incluyen ahorros en la administración, un mayor control del fraude con la limitación a 1.000 euros en el pago en efectivo y una reforma tributaria que como principal novedad incluye un impuesto sobre las bebidas azucaradas siguiendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud para combatir la obesidad. El nuevo impuesto se acompaña de una subida en los tributos especiales que gravan el alcohol y el tabaco. Con ese cóctel impositivo, lo que más subirá serán los cubalibres, mezcla de refresco y bebida blanca, productos afectados por el alza de la presión fiscal.
El Gobierno espera recaudar unos 200 millones procedentes de la subida de los impuestos sobre el alcohol y el tabaco y de la adopción del nuevo gravamen a los refrescos azucarados. Asociaciones de fabricantes de alimentos y bebidas, hosteleros, distribución y estanqueros han rechazado esas medidas fiscales que, entre otros efectos, provocarán una doble subida de los cubalibres en las barras de los bares.
La Asociación de Bebidas Refrescantes (Anfabra) ha manifestado su "total disconformidad" con el establecimiento de un impuesto a las bebidas azucaradas, por considerarlo "injusto y discriminatorio". La medida, según Anfabra, "perjudicaría la recuperación del consumo" y la competitividad de la industria, de la hostelería y del turismo. La industria ha resaltado su "compromiso" con la búsqueda de soluciones, tales como la reducción voluntaria del contenido en azúcar de las bebidas, que "ya ha alcanzado un 23% en los últimos diez años".
Rechazo de la hostelería
Por otro lado, representantes de la hostelería y de la cadena agroalimentaria (agricultura, industria y distribución) han firmado otra declaración en la que han mostrado su rechazo a una nueva "subida sobre el IVA o sobre impuestos especiales a la actividad o determinados bienes de consumo". Nueve organizaciones nacionales, entre las que figuran la Asociación de Empresas del Gran Consumo (Aecoc), la Asociación de Cadenas Españolas de Supermercados (ACES) o la Federación Española de Hostelería y Restauración (FEHR) han suscrito un texto que incide en que ese incremento de impuestos "penaliza las economías domésticas y contrae la demanda, con el consecuente impacto sobre el empleo y la actividad empresarial". Las organizaciones apuntan que ya en otras ocasiones se ha visto cómo "un incremento de la presión fiscal en los bienes de consumo es muy negativo en el nivel de renta y poder adquisitivo del ciudadano, así como en el sector turístico".
El nuevo impuesto a las bebidas azucaradas y el alza en los tributos especiales del alcohol y el tabaco se incluyen dentro de las medidas que el Gobierno pondrá en marcha para tratar que las administraciones públicas alcancen el año que viene el déficit conjunto del 3,1 % del PIB comprometido con Bruselas.
Para contribuir al objetivo de déficit, el Ejecutivo también llevará a cabo una reforma del Impuesto de Sociedades -eliminando bonificaciones y ensanchando bases- que proporcionará ingresos adicionales de alrededor de 4.500 millones. El Ejecutivo prevé recaudar otros 1.000 millones para la Seguridad Social a través de la eliminación del tope a la cotización máxima y a ello se unirá el ahorro de 900 millones del plan de transformación de la Administración Pública.
También se pondrán en marcha un conjunto de medidas para luchar contra el fraude en el IVA que permitirán recaudar otros 1.500 millones y que incluyen la limitación a 1.000 euros de los pagos en efectivo, la puesta en marcha del sistema de información inmediato del IVA y el endurecimiento de los aplazamientos. Las patronales de la gran distribución, Anged, y del pequeño comercio, CEC, advirtieron ayer de que limitar los pagos en efectivo a 1.000 euros afectará al consumo y a las ventas y han considerado un "error" que esta medida se ponga en marcha en plena campaña de Navidad sin haber consultado a los sectores más afectados.
