La Unión de Consumidores (UCE) calcula que "más de 80.000 familias asturianas" pueden reclamar a los bancos la devolución de"una media de 3.000 euros" por haber incluido en los contratos hipotecarios cláusulas que obligaban a los deudores a pagar todos los gastos de formalización del préstamo (aranceles de notario y registrador e impuesto de actos jurídicos documentados).
La organización que preside Dacio Alonso presentó ayer una campaña de reclamaciones que se fundamenta en una sentencia del Tribunal Supremo que, en diciembre de 2015, anuló por "abusiva" una cláusula que imponía al cliente los gastos de formalizar las hipotecas. Ese mismo tipo de estipulación ha sido usada sistemáticamente en Asturias por todas las entidades bancarias, según la UCE.
