La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil considera que UGT de Asturias utilizaba dinero de las subvenciones de formación que recibía del Principado para pagar nóminas de trabajadores y gastos que no tenían nada que ver con esa actividad. La investigación se centra en el periodo que va 2010 a 2014 y, por ejemplo, en ese último año el dinero supuestamente defraudado superó los 120.000 euros, límite a partir del cual se considera fraude de subvenciones de las Administraciones Públicas, delito penado con entre uno y cinco años de cárcel.
Hasta ahora la Fiscalía Superior del Principado de Asturias había centrado la supuesta actuación fraudulenta de UGT Asturias en el conjunto de fundaciones y sociedades mercantiles que, participadas de forma directa o indirecta por UGT, han intervenido en los cursos de formación, facturándose entre ellas gastos que finalmente se cargaban sobre subvenciones públicas. La Fiscalía detectó aparentes sobrecostes en la justificación de las actividades de formación llevadas a cabo por el Instituto de Formación y Estudios Sociales (IFES) "enmascarados en algunas ocasiones con facturación presuntamente falsa". El foco se había puesto en las facturas de alquiler de los locales donde se desarrollaban los cursos, que según el fiscal se habían hinchado en cerca de 500.000 euros.
Sin embargo la UCO de la Guardia Civil ha ido más allá y en el atestado correspondiente a las seis detenciones que practicó el pasado martes, entre ellas la de ex secretario general de UGT Justo Rodríguez Braga, alude a gastos de personal de la estructura del sindicato que supuestamente se han financiado fraudulentamente con subvenciones a la formación. Es decir, se estaría desviando dinero de los cursos al pago de nóminas de trabajadores que no tenían nada que ver con la programación que subvencionaba el Principado.
Según el informe de la UCO, en 2012 el dinero defraudado sería de 103.847 euros, en 2013 de 19.204 euros y en 2014 de 128.871 euros, cantidad que supera el límite de los 120.000 euros, a partir del cual, según el artículo 308 del Código Penal -reformado en 2012 con la ley de transparencia y lucha contra el fraude fiscal y en la Seguridad Social- se considera fraude de subvenciones, castigado con la pena de prisión de uno a cinco años, multa del tanto al séxtuplo de su importe y pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante un período de tres a seis años.
Fuentes vinculadas a UGT de Asturias señalaron ayer que el informe de la UCO "hace una interpretación" de lo que son o no gastos justificados y que esa labor le corresponde al Principado de Asturias, administración que concedió la ayuda y que es la encargada de exigir la justificación del gasto conforme a los fines incluidos en la convocatoria.
Esas mismas fuentes apuntaron que había personal de UGT (secretarios, administrativos, informáticos...) que realizaba periódicamente labores vinculadas a los cursos de formación y que según las horas de dedicación parte de su salario procedía de las subvenciones para cursos. "Se prorrateaba el coste de ese personal de apoyo y de sus servicios", señalaron.
Sin embargo, la UCO considera que esos gastos no están justificados porque no son necesarios para el desarrollo de los programas de formación. Sospecha que hay un desvío de fondos.
Durante la pasada primavera, agentes de la UCO interrogaron a trabajadores de UGT de Asturias. Les preguntaron, entre otros temas, por las actividades que desarrollaban dentro de la estructura del sindicato. Querían cotejar las respuestas con las nóminas que estaban vinculadas a los fondos de formación. Es decir, comprobar si los trabajadores a los que se pagaba con subvenciones de los cursos realmente hacían tareas vinculadas a ellos que justificaran el gasto.
Ex trabajadores de las entidades vinculadas a UGT de Asturias que denunciaron los presuntos fraudes del sindicato con el dinero de la formación ya habían apuntado desde el primer momento hacia un desvío de fondos para pagar nóminas. No entendían como el sindicato, que estaba perdiendo afiliación por la crisis y con ello cuotas, mantenía puestos en su estructura central, "muchos de ellos ocupados por familiares de líderes y ex líderes de la organización" y "salarios". Por ejemplo, el presupuesto de UGT Asturias fue en 2015 -último año completo con Justo Braga al frente- de 2.470.880 euros, pero los ingresos vía cuotas eran de 1.155.720 euros.
Los agentes de la UCO no sólo interrogaron a trabajadores de UGT. También lo hicieron con decenas de profesores que impartieron cursos gestionados por IFES, la fundación del sindicato. A ellos le preguntaban si habían cobrado por sus servicios, si tenían alumnos en los cursos, si les proporcionaban material didáctico, si se habían utilizado ordenadores o televisores... "Daba la sensación de que trataban de comprobar si había cursos fantasma, pero en mi caso no los hubo", señaló uno de los monitores interrogados.
La UCO incluso obtuvo autorización de la juez para requerir información bancaria de seis fundaciones y empresas vinculadas a UGT que podrían haber facilitado al sindicato y su fundación IFES la facturación necesaria para justificar ante el Principado gastos ficticios. Eran empresas a nivel nacional, como Localmur (dedicada al alquiler de locales) y Formación 2020 (de material didáctico), y regional como Unigem (asesoría), Edicom (edición de revistas y folletos y publicidad) e Infastur (que alquilaba ordenadores). En el listado también había una empresa de la región, Mamparas Asturianas, que no está participada por el sindicato pero que fue la encargada de todas las obras y suministro de mobiliario de las sedes de UGT de Asturias.
