El Gobierno asturiano rompió ayer su silencio acerca de las investigaciones sobre UGT para defender el "celo" con el que, según el consejero de Economía, Francisco Blanco, se fiscaliza el dinero para cursos de formación. Frente a las críticas de la oposición, el Principado sostiene que ha atendido "puntualmente" los requerimientos judiciales para colaborar en la instrucción del caso. También, que en distintos momentos ha revocado ayudas concedidas al sindicato. Una de esas decisiones, por la que se reclama a UGT la devolución de 403.504 euros, está pendiente de sentencia en los tribunales.

El Gobierno regional evitó opinar sobre la operación realizada el martes por la Guardia Civil, cuando la Unidad Central Operativa (UCO) registró la sede de UGT y detuvo a seis personas, entre ellas el exsecretario general Justo Rodríguez Braga. "Por prudencia y por rigor, el Ejecutivo no entrará en juicios de valor sobre esa operación. Sí puede, en cambio, demostrar tanto la limpieza de su actuación como el cumplimiento escrupuloso de la normativa", señaló el Ejecutivo por medio de un comunicado.

Tanto ese texto como las declaraciones de Francisco Blanco en Madrid, durante la feria turística FITUR, incidieron en que los funcionarios del Servicio Público de Empleo evalúan toda la formación que se imparte y revisan el 100% de las ayudas públicas concedidas "mediante la comprobación exhaustiva y plena de la documentación". El Principado quiso remarcar que "no se emplean técnicas de muestreo" al examinar las facturas que presentan los beneficiarios de subvenciones. Esas técnicas sí se usan en las auditorías que periódicamente también realizan empresas externas siguiendo los protocolos del Fondo Social Europeo, del que salen buena parte de las subvenciones.

"Los funcionarios son los encargados del control y tienen todo el apoyo del Principado", expuso el consejero Blanco. "A veces incluso han actuado con exceso de celo", apostilló en alusión al hecho de que una sentencia reciente anuló una decisión del Servicio Público de Empleo por la que se le denegó en 2013 a UGT una subvención de 498.958 euros debido a una anomalía administrativa, en este caso ajena a la justificación de costes. Sí tiene que ver con presuntas irregularidades en esa acreditación otra resolución que tomó el 9 de abril de 2015 el mismo departamento: reclamar el reintegro de 403.504 euros. Los funcionarios consideraron que, en una de la programaciones de cursos adjudicada a la fundación ugetista IFES, no se habían justificado adecuadamente costes por valor de 347.600 euros de una subvención cobrada en 2011. La diferencia hasta los 403.000 euros corresponde a intereses de demora. La decisión fue recurrida por UGT ante los tribunales, que aún no han fallado.

El Gobierno regional considera, frente a las críticas de "obstruccionismo" formuladas por Podemos, que "está fuera de duda" su disposición a colaborar con la Justicia y "a continuar haciéndolo, sean cuales sean las circunstancias particulares de cada caso". Recordó también que, "en su obligación de velar por el buen uso del dinero público", el Principado está personado en el procedimiento judicial sobre UGT.

El consejero de Economía descartó introducir nuevos cambios en el procedimiento de fiscalización de costes, que se revisó en 2013 a raíz de un informe de la Sindicatura de Cuentas y también tras la reforma del sistema nacional de formación en 2015. "Actuamos siempre con todo el rigor y de acuerdo con la ley de subvenciones; no hay ninguna necesidad de cambios, porque se están haciendo las cosas bien", dijo. El Gobierno anunció asimismo que comparecerá en la Junta para "ofrecer las explicaciones que le sean solicitadas (...), evitando la condena previa de las organizaciones sindicales".