UGT pedirá explicaciones al ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, y al delegado del Gobierno en Asturias, Gabino de Lorenzo, por la forma en la que los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil entraron el pasado 17 de enero en la sede de la organización en Oviedo, en busca de pruebas dentro de la investigación de un presunto fraude en el uso de las subvenciones públicas para los cursos de formación. El secretario nacional del sindicato, el asturiano Pepe Álvarez calificó ayer el registro de "asalto" y reclamó explicaciones sobre "cuál fue la razón para esa toma de nuestra sede, qué buscaban, qué han encontrado y cuál ha sido el coste para la sociedad española de esta actuación".

Antes de participar en una asamblea don delegados asturianos, el líder ugetista señaló que los recursos utilizados en la actuación de los agentes fueron "desmesurados". "Queremos que nos digan cuál era el peligro de delito inminente que había para que se produjera ese asalto", apuntó. Las cajas que sacaron los agentes de la UCO del sindicato estaban "prácticamente vacías", añadió el sindicalista. Y apostilló: "Solo se llevaron un lápiz de memoria, que les tuvimos que dejar porque no lo traían, en el que volcaron toda la información de los ordenadores. Esos datos, entre los que estaba la estrategia sindical, no debería estar en manos de un cuerpo militar ni en manos del Gobierno".

Pepe Álvarez afirmó que UGT deja la puerta abierta a acudir a la vía judicial para denunciar las malas forma del registro. "Esto es una agresión a la libertad sindical protegida por los convenios internacionales del trabajo", señaló.

Por su parte, el secretario general del sindicato en Asturias, Javier Fernández Lanero, apuntó sobre el mismo asunto: "Este sindicato está más vivo que nunca y ese asalto de la Guardia Civil a nuestras instalaciones nos ha servido para estar más unidos y para ser más fuertes y contundentes en la defensa de los derechos de los trabajadores ".

La Fiscal Superior de Asturias, Esther Fernández, señaló horas después que UGT "está en su derecho" de pedir explicaciones y "se las darán". Aunque apuntó que, "gusten o no o parezcan exageradas, lo que hay que valorar es si esas actuaciones "son legales o no". Junto al registro, la UCO detuvo durante 27 horas a cuatro exdirigentes y dos trabajadores del sindicato.