España cumplió el pasado año, por primera vez desde 2008, con el objetivo de déficit público. El descubierto presupuestario conjunto de la Administración Central, las comunidades autónomas, las corporaciones locales y la Seguridad Social fue del 4,54% del producto interior bruto (PIB), o lo que es lo mismo, un saldo negativo de 50.576 millones de euros. Si no se cuenta la ayuda financiera a la banca, el déficit se redujo hasta el 4,33% del PIB, a 48.187 millones de euros. Con esas tasas se alcanza la meta fijada por la Unión Europea, que impuso a España un tope de déficit del 4,6% del PIB.
El Gobierno puede presumir de que su política fiscal y económica ha situado al país en la senda marcada por Europa y que el aumento de el lastres está, de momento, controlado. El PIB de España sigue creciendo muy por encima de la media de la UE y se está sosteniendo un fuerte ritmo de las exportaciones y desacelerando las importaciones, lo que ha permitido, por cuarto año consecutivo, un superávit en la balanza por cuenta corriente, lo que equivale a que España sea financiadora neta del resto del mundo cuando hasta hace bien poco se necesitaba de la financiación externa en cantidades que llegaron cerca del 10% del PIB. A ese éxito ha contribuido, sin ninguna duda, la devaluación interna producida durante la crisis, la mejora del potencial exportador de las empresas españolas -en muchos casos a la fuerza ante las estrecheces del mercado interno- así como el auge del turismo.
España se ha aprovechado de los famosos vientos de cola -principalmente el bajo precio del petróleo y la compra masiva de deuda pública por el parte del Banco Central Europeo que ha permitió al Estado financiarse mucho más barato- pero esos aires a favor también han soplado para los socios europeos y la mayoría no alcanzaron ni las tasas de crecimiento ni de recorte del desempleo de España.
El control del gasto público ha sido clave para domar el déficit y a la hora de meter tijera se ha evitado tocar el hueso de las partidas más representativas del Estado del Bienestar. Quien ha pagado la factura ha sido, sobre todo, el capítulo de inversiones públicas. Y por la vía ingresos es cierto que el Gobierno no ha subido el IRPF, pero no hay que olvidar el adelanto en el impuesto de sociedades que impuso a las grandes empresas a mitad de año cuando ya detectaba que podía incumplir de nuevo el objetivo de déficit.
La subida de los ingresos tributarios con cargo a las empresas ha sido uno de los comodines utilizados por el Gobierno de España. También ha sido fundamental el superávit de las corporaciones locales, que lograron un saldo positivo de 7.129 millones -superior a lo que se les exigía- y al Gobierno tampoco le vino mal el menor gasto en desempleo, no sólo por la reducción del paro, sino también por la disminución del porcentaje de parados con cobertura.
Y puestos a hablar de comodines, tampoco hay que olvidar que el compromiso inicial del Gobierno español era haber reducido el déficit en 2016 al 2,8% y que ante la evidencia de que no iba a cumplir, la Comisión Europea le amplió el margen hasta el 3,6% y posteriormente, en vista de que tampoco se iba a acercar a ese horizonte, el pasado verano le otorgó un techo de hasta el 4,6%. Sólo así cumplió.
