Las nuevas reglas que prepara la UE para penalizar las emisiones de CO2 de la industria a partir de 2020 pueden provocar cierres de plantas siderúrgicas en España y en otros países europeos y también frenar los programas de inversión de las compañías. Para el caso de Asturias, si las instituciones comunitarias se inclinan por las versiones más duras de la norma quedarían comprometidas tanto obras pendientes de aprobar (segunda ampliación de la acería de Avilés, con 140 millones) como la continuidad a medio plazo de alguno de los hornos altos de Gijón, alertaron fuentes conocedoras de las conversaciones.
La cúpula de Arcelor Mittal está manteniendo contactos con el Gobierno español y con los sindicatos en un intento de hacer "lobby" ante las negociaciones que mantienen las instituciones europeas sobre la reforma del comercio de emisiones de dióxido de carbono, responsable del cambio climático. Las posiciones que por ahora tienen la Comisión Europea y el Consejo Europeo son las más duras, mientras que el Parlamento de Estrasburgo ha hecho suyas algunas peticiones de la industria. Según informes técnicos, los derechos gratuitos de emisión (bonos para producir sin sobrecostes) se reducirían reduciría entre el 28,5% y el 33,6% con los planteamientos de la Comisión y del Consejo. Para los resultados operativos de Arcelor en Europa un recorte así supondría una merma de hasta el 40%.
Un impacto así, se añade en documentos que manejan las empresas y los sindicatos, podría empujar al cierre a partir de 2020 a entre el 35% y el 40% de las hornos altos europeos. Según otras fuentes, en uno de los escenarios posibles Arcelor estaría abocada en Asturias a producir con uno solo de los dos hornos que tiene en Veriña (Gijón), a importar "slabs" fabricados fuera de Europa (planchón que sale de la acería en dirección a los trenes de laminación) y con ello a desgastar su eficiencia y su viabilidad.
En el sector preocupa además la posición del Gobierno español. Según ha trascendido, España esta entre los miembros del Consejo que por ahora se han mostrado menos sensibles ante las peticiones de la industria siderúrgica sobre el comercio de emisiones, al contrario que Alemania y Francia, que sintonizan con varias enmiendas aprobadas en el Europarlamento a favor de los intereses del acero.
