Una quincena de despachos jurídicos españoles y extranjeros preparan acciones contra el quebranto causado por la resolución del Banco Popular para sus 305.000 accionistas y numerosos bonistas y tenedores de deuda, todos los cuales perdieron toda su inversión. Tanto si actúan contra el España y el fondo estatal FROB (ejecutor de la decisión de la Junta de Resolución Europea) como si lo hacen contra ésta y el Banco Central Europeo, que tomaron las decisiones, estará en juego cifras millonarias de dinero público. España y la UE dijeron que la decisión fue europea, lo que en principio eximirá a las arcas públicas españolas de cualquier eventual coste. El proceso será complejo y largo. Hay importantes grupos accionariales y familias influyentes en el mundo de los negocios, grupos de interés, agrupaciones de accionistas y poderosos fondos de inversión internacionales dispuestos a dar la batalla. Si obtuvieran satisfacción a sus pretensiones, la diferencia entre el rescate interno o privado ("bail in") y el público ("bail out") se difuminaría.
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