Los 21 expertos que hasta el pasado julio evaluaron el modelo de financiación autonómica, como paso previo a la cercana negociación política de una reforma, no fueron capaces de llegar a acuerdos sobre la conveniencia de modificar el impuesto de patrimonio, un gravamen controvertido y que, junto al de sucesiones y donaciones, está en el centro de la competencia y la disparidad tributaria entre autonomías. Principalmente, por la decisión de Madrid de no restablecer el impuesto cuando, en 2011, lo hicieron el resto de regiones. Hoy, un asturiano rico con un patrimonio de 4 millones de euros debe tributar algo más de 41.000 euros anuales, mientras que residiendo en Madrid no pagaría nada.
El impuesto de patrimonio fue creado en 1977, en parte con un propósito instrumental: disponer de un censo de riqueza que permitiera controlar los cambios patrimoniales para evitar fraudes en el pago del IRPF, que también se creaba entonces. Según los economistas más críticos iba a ser un tributo transitorio y excepcional, pero se consolidó y continúa vigente mientras en otros países ha ido desapareciendo. Este sector de hacendistas, afín a las posiciones políticas de la derecha, considera que el impuesto sobre el patrimonio desincentiva el ahorro y la inversión, resulta confiscatorio (en la medida en que la carga fiscal puede superar los rendimientos anuales de la propiedad) y su función redistributiva es muy limitada porque los contribuyentes más acaudalados tienen mecanismos para sortear el pago.
Aun admitiendo los defectos e ineficiencias que pueda tener el impuesto, los expertos que lo defienden subrayan que tienen un alto potencial de redistribución. También, que gravar el patrimonio con un impuesto específico tiene ahora si cabe más sentido ante el avance de la desigualdad económica y la tendencia a la acumulación de riqueza en una minoría.
El debate entre unas y otras posiciones se reprodujo en las sesiones de la comisión de expertos sobre financiación autonómica. En su documento de conclusiones se reconoce la existencia de diferencias insalvables, que se pusieron de manifiesto cuando se suscitó la cuestión de si recomendar o no que se establezca un nivel mínimo de tributación. Un sector de la comisión planteó la creación de ese mínimo para evitar "las distorsiones económicas que podrían derivar de la movilidad interterritorial hacia las comunidades que decidan suprimir este tributo", se recoge en el informe. Es una alusión al caso de Madrid.
Después de haber sido suprimido en 2008, estando en la presidencia del Gobierno el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, el impuesto fue restablecido en 2011 ante el hundimiento de los ingresos públicos durante la crisis.
Se hizo fijando un mínimo exento de 700.000 euros, de forma que sólo los contribuyentes que alcanzasen tal valor de patrimonio (una vez descontadas las deducciones y bonificaciones que correspondan a cada caso) estarían obligados a pagar. En Asturias, menos de 4.000 individuos. Madrid, gobernada entonces por Esperanza Aguirre (PP), evitó recuperar el impuesto y aprobó para ello una deducción del 100% de la cuota.
La diferencia entre Madrid y el resto de España en el tributo de patrimonio ha estimulado la deslocalización de contribuyentes acaudalados en beneficio de la capital de España. Para quien tiene una base imponible de 4 millones, el ahorro entre residir en Madrid o hacerlo en Asturias es de 41.729 euros anuales, según un ejemplo elaborado por el Registro de Economistas y Asesores Fiscales (REAF). "Con ese dinero se puede financiar la compra de un piso en Madrid", señaló tiempo atrás en conversación con este diario un empresario que, como otros asturianos con altos niveles de riqueza, estuvo considerando un cambio de residencia para tributar menos.
Frente a los partidarios de fijar un mínimo de tributación y de obligar por ello a Madrid a cobrar el impuesto -miembros de la comisión nombrados a propuesta de gobiernos autonómicos de la izquierda-, el sector contrario a ello defiende que a aplicación del gravamen de patrimonio tenga "carácter opcional", permitiendo "en aras de la autonomía que aquellas comunidades que deseen mantenerlo lo hagan, pero sin obligar a las demás a seguir aplicando un impuesto muy cuestionado".
Las tendencias normativas de las comunidades autónomas en este tributo están marcadas durante los últimos años por las decisiones de varios gobiernos de izquierdas (Comunidad Valenciana, Baleares, Extremadura o Navarra) de rebajar el mínimo exento (hasta los 400.000 euros en algún caso) para ampliar la nómina de contribuyentes y la recaudación. En Asturias, donde se mantienen los 700.000 euros de exención, se recaudaron por el impuesto de patrimonio 21,3 millones de euros en 2016, la cantidad máxima desde su reinstauración en 2011.
