12 de octubre de 2017
12.10.2017

Los consumidores critican que el nuevo bono eléctrico no llegará a muchos hogares

Los requisitos para beneficiarse de los descuentos son muy elevados, denuncia la UCE

13.10.2017 | 03:07
Un tendido eléctrico.

La Unión de Consumidores de Asturias (UCE) y la plataforma contra los abusos de las eléctricas consideran que el nuevo bono social, aprobado por el Gobierno hace una semana, no ayudará a paliar las necesidades de electricidad de los hogares más pobres. Según sus cuentas los altos niveles de renta que se piden cierran de par en par la puerta a amplios estratos de población. También denuncian que estos cambios en el mercado eléctrico no ayudarán a proteger a los hogares de los cortes de luz si incurren en impagos.

Con todos estos datos sobre la mesa, ambas asociaciones han reclamado una reforma más en profundidad del mercado eléctrico que incluya la revisión de los conceptos fijos de las tarifas eléctricas y una reducción de la fiscalidad de este suministro básico. Por eso proponen aplicarle el IVA super reducido.

El decreto aprobado por el Gobierno establece una serie de requisitos para aquellos que quieran beneficiarse de este bono. Podrán solicitarlo aquellos consumidores considerados vulnerables aquellos, según el Gobierno, que no superen los 11.280 euros anuales de ingresos en el caso de hogares sin niños (1,5 veces el IPREM), 15.000 para las familias con un menor (2 veces el IPREM) ó 19.000 euros anuales si hay dos menores en la casa; familias numerosas o pensionistas que cobren una pensión mínima y no tengan otra fuente de ingresos.

Según la UCE y la plataforma son unos niveles de renta que dejan fuera del acceso a estos descuentos a "amplios estratos de la población que tienen serias dificultades para pagar los actuales precios de la electricidad". De hecho, citan un informe de la Defensora del Pueblo que resalta que los esfuerzos que hacen los hogares españoles para pagar los suministros eléctricos se han elevado considerablemente, "habiéndose incrementando de manera muy significativa en los últimos años la proporción de ingresos que los hogares dedican al pago de la factura eléctrica".

Tampoco les convencen los "bajos porcentajes de descuentos establecidos". De un 25% para los considerados consumidores vulnerables y de un 40% para los vulnerables severos. Tirando de cifras detallan que en los últimos siete años, por ejemplo, el precio de la electricidad se ha encarecido más de un 70%. Solo durante los primeros nueve meses del año la factura ha crecido en una media de 74 euros.

A mayores, los descuentos, denuncian, están sujetos a restrictivos límites de consumo anuales. Con lo que si se pasa de unos ciertos kilovatios hora el descuento desaparece. Los límites máximos de consumo son de 1.200 kwh para unidades familiares sin menores a su cargo o para consumidores individuales; 1.680 Kwh para familias con un menor y pensionistas que cobren la cuantía mínima; 2.040 Kwh para familias con dos menores y 3.600 Kwh para familias numerosas.

"Dichos límites no cobren las necesidades básicas de suministro de electricidad en la inmensa mayoría de los hogares", señalan ambas organizaciones. Para justificar su afirmación citan un informe del Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía (IDAE) realizado para Eurostat en el que se señala que el consumo medio de electricidad por hogar en España es de 3.487 Kwh.

También cargan contra la burocracia. Sostienen que solicitar el bono es complejo y se tiene que hacer una vez al año. Esto, denuncian, desincentivará que muchas personas lo soliciten, especialmente las personas mayores y los consumidores con bajos niveles formativos. "Es un procedimiento que no atiende a las recomendaciones de la Defensora del Pueblo que recomienda que el acceso al bono sea sencillo, ágil y eficaz", señalan.

Por último, aseguran que todos estos cambios introducidos por el Gobierno no protegen a los consumidores contra los cortes de la luz y permiten a las comercializadoras seguir haciendo negocio con los reenganches al suministro. Por eso proponen incluir en la ley lo que se denomina "principio de precaución" para proteger a los consumidores vulnerables y vulnerables severos de la suspensión del suministro, de manera que no se pueda cortar la luz a nadie que esté atravesando una situación económica complicada.

Muy crítico, el presidente de la Unión de Consumidores (UCE), Dacio Alonso, aseguró que "los bancos y las compañías eléctricas son los sectores de los que mayor nivel de reclamaciones recibimos". Y añadió: "Los gobiernos están legislando para los beneficios económicos de las empresas y no para los consumidores".

Por su parte, la portavoz de la plataforma, Itziar Fuente, aseguró que "el decreto es un lavado de cara del gobierno, que esconde una continuación de las políticas que llevan a la precariedad".

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