Hugo Morán, exalcalde de Lena, es el Secretario de Área para la Transición ecológica de la economía de la Ejecutiva del PSOE, la voz más autorizada del partido para hablar sobre el conflicto acerca del futuro de las térmicas.
- Usted rechazó, en nombre del PSOE, el apoyo a la reforma legal contra el cierre de las térmicas. El ministro de Energía, Álvaro Nadal, asegura que el Gobierno se planteaba una ley, pero la falta de apoyo del PSOE le obligó a hacerlo por decreto.
-Eso hay que ponerlo en perspectiva. No se sustenta por qué el ministro quiere poner en marcha esta norma. La ley del sector eléctrico contiene ya un precepto que deja en manos de la administración la facultad última de autorizar o no el cierre de instalaciones de generación, previo informe de Red Eléctrica Española, que es la que determina la necesidad de esas instalaciones. La administración ya autorizó o denegó cierres antes.
- Entonces, ¿a qué obedece?
-Supongamos que el gobierno introduce nuevas potestades, más allá de las que ya tiene. Las empresas sugieren un nuevo mecanismo de pagos por capacidad para seguir manteniendo abiertas las instalaciones. Es decir, al final quien paga es el consumidor, porque se acaba traduciendo en el recibo de la luz. Se añadiría un cargo más para sostener una solución potestativa del gobierno. En 2012, la posición de Nadal cuando Zapatero planteó no renovar la licencia a la central nuclear de Garoña, el mismo Nadal, portavoz de Economía en la oposición, decía que no era el gobierno quien debía tener la capacidad de decisión última. Ahora dice lo contrario.
- ¿Por qué?
-Cuando el PP llegó al gobierno puso en marcha un procedimiento para que el parque nuclear prolongue su vida. Y decidió prorrogar la de Garoña, pero las empresas que la explotaban la cerraron por inviable, dejando al Gobierno con un palmo de narices. La única tecnología que se sale del marco general de la ley para autorizar o denegar cierres es la nuclear. Así que el gobierno necesita tener esa potestad para evitar que en posteriores renovaciones de centrales nucleares se enfrente a esa situación.Y la única forma de incentivar al titular de una central para que siga produciendo es con el pago por capacidad.
- ¿Usted es partidario del cierre de la térmica de Lada?
-Quien debe decir si sí o si no es el Gobierno. Y tiene mecanismos legales para hacer prevalecer su planteamiento. Pero más allá de eso tiene que ser consciente de que todo esto forma parte de un proceso de transición energética y en algún momento se han de tener que hacer procesos de sustitución. No cabe esperar a que las empresas decidan cierres; debe haber planificación anterior.
- ¿Por qué el PSOE cuestiona los pagos por capacidad?
-La Unión Europea va a restringir al máximo los futuros paquetes de pagos por capacidad, como un último recurso por decisión estratégica del país. Nosotros no aceptamos que ese pago sea un incentivo para sustentar instalaciones de generación que dependan de recursos energéticos importados. Si se habilita ese mecanismo, debe restringirse a la reserva estratégica.
- Usted fue alcalde de un municipio minero como Lena. ¿Cómo se concilia aquella defensa del carbón con la actual de una transición energética?
-Todo cambio genera mucha incertidumbre y las administraciones tienen que dotar de certezas. Cuando era alcalde de Lena, si no recuerdo mal, quedaban dos explotaciones mineras; entre las dos que cerraron generaban menos empleo que el que la planta de fabricación de tecnología termosolar que se instaló en Lena. Cuando negociamos planes del carbón siempre llevábamos una máxima: reindustrialización con actividad con expectativa de futuro, que no solo compense el empleo perdido sino que cree más.
- El gobierno regional es bastante combativo con el cierre de Lada. Asturias se juega mucho.
-Compartimos esa reflexión. A veces el ministro desenfoca la apreciación del impacto y tiende a simplificarlo. El carbón en Asturias afecta a todo un tejido productivo. Por esa razón decimos que debe ser un proceso en el que los compromisos han de ser tanto de la Administración como de las empresas.
- También Adrián Barbón ha criticado la clausura.
-Todos los territorios van a mantener una posición legítima que es la de intentar generar certezas hacia el futuro de su gente. El problema es que las decisiones deben adoptarse antes, generando un empleo alternativo de calidad en el territorio antes que privar del existente.
- La descarbonización es una posición bandera ahora del PSOE, que en otro tiempo mostraba más adhesión con el carbón.
-Esta no es una posición personal ni coyuntural, sino que surge de una resolución vigente que se estableció en el último congreso del partido. ¿Cómo debería hacerse? En lugar de echar la culpa a la empresa, como hace el Gobierno, lo razonable hubiese sido sentarse con ella y adquirir un compromiso. El Gobierno tiene que ser consciente de que el proceso de sustitución sigue su camino. No puede eludir su responsabilidad de planificación para abordar esos procesos de transición.
- ¿Qué debería hacer?
-Trasladar al territorio y a la sociedad asturiana el mensaje de que habrá un compromiso de inversiones al territorio. Y que se tomarán decisiones de carácter energético de tal manera que Asturias no se vea privada de su capacidad de generación, sino que pueda sustituir una por otra. Y en ese proceso debería participar la empresa. No basta dar una solución a los trabajadores, sino que la empresa ha tenido un beneficio al aprovechar un activo. Las empresas que estén afectadas deben ser agentes proactivos para poner en marcha mecanismos de reactivación industrial, con la filosofía de los planes del carbón.
- ¿Eso plantea el PSOE?
-Sí. Aparece en el paquete de enmiendas que presentamos en el parlamento europeo. Hay un marco energético de carácter europeo y es el que tiene que incorporar mecanismos de apoyo presupuestario.
