Los ayuntamientos de Oviedo y de Avilés han rebajado este año los tipos de gravamen del impuesto de plusvalías, pero al mismo tiempo la carga fiscal del tributo ha aumentado el 11% en el primer caso y el 46% en el segundo. El final de una bonificación relacionada con las revisiones catastrales realizadas en ambos concejos en 2012 explica que una aparente rebaja tributaria se haya convertido en una subida. Situaciones semejantes podrían darse en Mieres y Gozón el próximo año, si bien las condiciones generales del técnicamente llamado impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana cambiarán presumiblemente durante 2018 en todos los consistorios de España a raíz de una reforma de ámbito estatal.
La plusvalía la pagan quienes, por ejemplo, venden una vivienda de segunda mano, un local o un solar, o aquellos que los reciben en herencia o los donan. El tributo forma parte del sistema de financiación de las corporaciones locales y grava el incremento de valor que, se presume, ha tenido el suelo (la parte alícuota del terreno que corresponde a cada vivienda, en el caso de un bloque de pisos) entre el momento de la adquisición y el de la transmisión. Para determinar ese incremento se hace un cálculo que toma como base el valor catastral del suelo. Por cada año que el bien ha estado en poder del contribuyente, en el caso de compraventa, o del fallecido, si se trata de una herencia, la Administración local da por hecho que se ha revalorizado a una tasa determinada (hasta un máximo del 3,7% anual). Sobre el resultado de esa operación (base imponible) se aplica el tipo de gravamen, que puede llegar al 30%.
El valor catastral del inmueble es por tanto uno de los elementos clave para la factura del tributo, que puede dispararse cuando se realizan actualizaciones en el Catastro. Para evitar que sea así los ayuntamientos tienen la potestad de establecer una bonificación que, a efectos del cálculo de la plusvalía, rebaja entre el 40% y el 60% el valor. Esa reducción opera durante los cinco años siguientes a la revisión, de tal forma que durante ese tiempo se evita una escalada en el impuesto.
Oviedo y Avilés son dos de los concejos asturianos que disponen en sus ordenanzas fiscales de esas bonificaciones, del 40% y del 50% respectivamente. Y en ambos casos el plazo de los cinco años desde la revisión catastral expiraba el 31 de diciembre, lo que abocaba a los contribuyentes a soportar grandes subidas en la plusvalía si no producía una respuesta política: modificar otros elementos del tributo para amortiguar el impacto del fin de la bonificación. Esa respuesta política se produjo, con rebajas en los tipos impositivos, pero de una intensidad insuficiente para evitar que la carga tributaria aumente en proporciones superiores a los dos dígitos.
De acuerdo con los resultados de una simulación basada en las explicaciones de la fiscalista Ana Espiniella, socia de la consultora Vaciero, la forma en que sube la plusvalía para ovetenses y avilesinos se detalla en los siguientes puntos a partir de un ejemplo.
Oviedo. La mayoría política que respalda al gobierno tripartido (PSOE-Somos-IU) aprobó el 15 de octubre del pasado año una reducción del tipo de gravamen, que pasa del 30% al 20%, aplicable desde principios de 2018. El resto de los elementos del tributo se mantuvo intacto, entre ellos los coeficientes que se usan para fijar la base imponible. Tal rebaja no basta para compensar el final de la bonificación del 40% sobre el valor catastral vigente entre 2013 y 2017. Para el caso de un suelo valorado en 150.000 euros y adquirido hace más de veintes años, el importe a pagar por plusvalía sería ahora de 17.400 euros, frente a los 15.650 de 2017. En términos relativos, la subida efectiva es del 11,18%.
Avilés. La corporación avilesina, presidida por la socialista Mariví Monteserín, utilizaba hasta el 31 de diciembre de 2017 una reducción del valor catastral del 50%. Para mitigar los efectos de fin de esa bonificación, el Pleno aprobó, también en octubre del pasado año, rebajar el tipo de gravamen del 30% vigente entonces al 22% a partir del 1 de enero de 2018. Tampoco en este caso se revisaron los coeficientes para el cálculo de la base imponible. Al haber sido mayor la bonificación que desaparece y menor la rebaja del tipo, la subida efectiva del impuesto es en Avilés más gravosa que en Oviedo. Según el mismo ejemplo antes citado, por la plusvalía de un suelo valorado en 150.000 euros y adquirido en 1980, el contribuyente habría pagado 13.050 euros en 2017 y 19.140 euros en 2018. El incremento relativo es del 46,6%.
Oviedo y Avilés actuaron sobre el gravamen con menos contundencia que lo hizo Gijón en 2014 ante una situación semejante: la corporación gijonés rebajó el tipo de la plusvalía desde el 30% al 15%, lo que esterilizó el riesgo de "catastrazo".
Sobre el papel, la bonificación que abarata el impuesto desaparecerá en más ayuntamientos a partir de 2019. En ese caso están Mieres y Gozón, que estrenaron valores catastrales en 2014. Sus corporaciones deberán plantearse durante este año qué hacer con la plusvalía, si bien el futuro de este impuesto y su carga fiscal en todos los ayuntamientos están supeditados a una reforma que debe aprobar el Parlamento español para adecuarlo a las sentencias del Tribunal Constitucional que anularon parcialmente la normativa estatal (en los supuestos en que no existe incremento real del valor). Al menos hasta que llegue tal reforma, ovetenses y avilesinos seguirán pagando más que hace un año por la plusvalía.
