Google, Amazon, Facebook y Apple, los cuatro colosos tecnológicos globales, pagaron por el impuesto de sociedades en España en 2016, el ejercicio más reciente del que se conocen datos, 20,4 millones de euros en conjunto. Fue un año bueno para la relación de Hacienda con estas compañías si se considera que en 2015 no se había llegado a los 6 millones de euros. Aún así, esos 20,4 millones suponen una cantidad que, por ejemplo, no llega al 7,5% de lo que la Agencia Tributaria recaudó de las empresas asturianas en 2016.
La extraordinariamente baja factura fiscal que tienen en España y en muchos otros países europeos las corporaciones creadas por los Larry Page (Google), Jeff Bezos (Amazon), Mark Zuckerberg (Facebook) y Steve Jobs (Apple) es el resultado de prácticas de ingeniería tributaria agresiva realizadas con la complicidad de algunos estados de la UE que por sus acuerdos opacos y la oferta de tipos privilegiados bien podrían ser catalogados como una variante de los paraísos fiscales.
Al borde de la ley. La OCDE trabaja desde hace un tiempo en el diseño de un impuesto global para que los imperios tecnológicos tributen de una forma más justa. Existe un reconocimiento internacional de que la elusión fiscal que realizan estas empresas -utilizar hasta el extremo los límites de las legislaciones nacionales y sus lagunas para pagar menos sin incurrir en delitos de fraude- supone un desgaste severo de los recursos públicos. La lentitud de organismos como la OCDE en tomar decisiones efectivas ha movido a la UE a intentar por su cuenta la implantación más rápida de una nueva tasa europea, cuya recaudación nacional quiere dedicar el Gobierno español a reforzar la financiación de las pensiones, según acaba de anunciar.
Pero el proceso es un campo minado. La gran elusión fiscal de esas multinacionales es en primer lugar una prueba de cómo la más reciente oleada de la globalización económica, a caballo de las nuevas tecnologías, ha acentuado las dificultades de los estados-nación para defender sus intereses frente a las grandes corporaciones. La recurrente falta de agilidad en las respuestas multilaterales también vuelve a quedar de manifiesto. Los recaudadores estatales se enfrentan a un problema nuevo e inabordable con las herramientas convencionales: la capacidad de las empresas de desviar con un "click" los ingresos y rendimientos que obtienen en un lugar hacia otro. El concepto de "establecimiento permanente", que determina cuándo un país tiene potestad para gravar las ventas que realiza en un territorio un contribuyente que no reside en él, ha quedado desbordado por el comercio on-line y por una planificación tributaria que rentabiliza la confusión e imperfección de las leyes.
El mecanismo. ¿Cómo es esa ingeniería fiscal en los casos del también llamado imperio GAFA (acrónimo de Google, Apple, Facebook y Amazon)? Todas las tecnológicas siguen un patrón semejante, de apariencia sencilla y que algunas publicaciones atribuyen en origen a la empresa de Steve Jobs. Las compañías residencian sus sociedades matrices en Irlanda (Apple, Google y Facebook) o Luxemburgo (Amazon). El sistema fiscal irlandés tiene un tipo de sociedades del 12,5%, frente al 25% del español, y además sus autoridades, al igual que las de Luxemburgo, llegan a acuerdos preferentes con grandes compañías para facilitarles privilegios extraordinarios a cambio de que mantengan centros de decisión y de trabajo en sus países. En la investigación que la Comisión Europea siguió sobre Apple en Irlanda se destaparon pactos según los cuáles el fabricante de los icónicos Iphones tributaba a tipos efectivos del 0,05% e incluso inferiores.
Las sociedades matrices irlandesas están conectadas a filiales en el resto de países de la UE o de otras partes del mundo. Aquí viene una de las partes más enjundiosas del diseño, explica José María Mollinedo, secretario general del sindicato de técnicos de Hacienda: "Esas sociedades actúan como comisionistas". Un ejemplo sobre Apple: la filial española compra un Iphone a la matriz por el 90% del precio y lo vende al 100%; se queda con el 10% como comisión, por la que tributa en España, mientras que el 90% restante se convierte en facturación de la sociedad principal cuyos rendimientos tributan ventajosamente en Irlanda. El esquema de Facebook o de Google sería más o menos así: las filiales nacionales actúan como intermediarias en la venta de publicidad e ingresan por ello también comisiones, en tanto que el resto de lo que paga el cliente se va directamente a Irlanda.
La respuesta. La Comisión Europea ha respondido en primer lugar con sanciones fundamentadas en la persecución de las ayudas ilegales de Estado a las empresas. De ahí las decisiones que han obligado a Google y Apple a pagar cada una 13.000 millones de impuestos en Irlanda o los 250 millones de Amazon en Luxemburgo. El más reciente paso es el intento de crear un tributo extra sobre los beneficios de las principales tecnológicas (las que facturen globalmente más de 750 millones de euros). Tendría un tipo impositivo de entre el 1% y el 5% (la Comisión Europea sugiere el 3%), la base imponible sería el beneficio contable y el reparto entre países se haría en razón del volumen de operaciones en cada uno de ellos, calculado a partir de la información que suministran el IVA y una nueva obligación ligada al impuesto de sociedades de declarar el reparto geográfico de la facturación.
Es un gravamen que va en la línea de reconstruir el principio de soberanía fiscal conforme al cual los rendimientos de la actividad económica deben tributar allí donde se producen. El ministro de Economía español, Román Escolano, dijo ayer que el impuesto podrá estar listo en 2019, incluso antes en España. Pero crearlo requiere una directiva europea y por tanto la unanimidad de los estados miembros. ¿Lo apoyarán los "paraísos fiscales" con los que convivimos dentro de la UE? Hay ya diez países que están en contra.
