"Defenderemos nuestras exigencias de cualquier modo, por tierra, mar y aire". Con esa contundencia se expresó ayer el consejero de Industria y Empleo, Enrique Fernández, ante la posibilidad de que el nuevo estatuto para la industria electrointensiva no recoja las alegaciones presentadas por Asturias -de la mano de Galicia y Cantabria- para que esta norma incluya una sustancial rebaja del precio de la luz para la gran industria regional, para empresas como ArcelorMittal, DuPont o Azsa. "Nosotros cada vez que hablamos con Madrid les trasladamos el mismo mensaje, deben considerarse las alegaciones que hemos hecho", dijo.

El estatuto para las industrias electrointensivas está encarando su recta final. Solo está pendiente del último visto bueno de la Comisión Europea y la previsión es que el consejo de Ministros lo apruebe durante el mes de octubre. "Mantenemos nuestra misma exigencia, queremos que se genere un marco estable de precios para las empresas altamente electrointensivas, un marco de precios competitivo y que se haga a la mayor brevedad posible", resumió Fernández. Y añadió: "Es necesario mantener esas exigencias porque así nos lo está pidiendo la industria asturiana a la que tratamos de defender y proteger porque tiene que ser uno de los motores de futuro".

El vicepresidente del Principado, Juan Cofiño, también se pronunció en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno sobre el estatuto del consumidor electrointentensivo, con una idea fuerza: "El estatuto tiene que aprobarse, se han producido ya todos los plazos", sostuvo Cofiño, quien aludió a los múltiples contactos que han mantenido en los últimos meses tanto el presidente, Adrián Barbón, como el consejero de Industria, Enrique Fernández, para hacer presión política a favor de la industria asturiana. "El momento del Estatuto ya ha llegado", abundó el Vicepresidente para, a renglón seguido, manifestar que el Gobierno asturiano no tiene constancia de que se vayan a desestimar las alegaciones consensuadas por el Principado y la Xunta de Galicia para favorecer "al consumidor superelectrointensivo", empresas que generan miles de empleos directos e indirectos en ambas autonomías. Dio por hecho que el Gobierno regional mantiene "contactos" con los ministerios de Transición Ecológica e Industria, en los que el Principado mantiene una posición de "plena exigencia".

Cofiño prefirió no ponerse en el escenario adverso que entrañaría la desestimación de esas alegaciones. "Estamos en la fase en la que estamos y nosotros seguimos presionando para que nuestras alegaciones se tengan en cuenta. Vamos a esperar en qué términos se resuelven y ya veremos. No tenemos datos fidedignos de que se vayan a desestimar. Llegado el momento, correspondería una reflexión del Consejo de Gobierno sobre qué actuaciones corresponderían, pero no queremos anticiparnos".