El arma legal del Gobierno para frenar la fusión BBVA-Sabadell: tendrá la "última palabra" incluso tras la OPA

El Gobierno ha mostrado muy claramente su oposición a la opa hostil que cocina BBVA para tomar el control de Banco Sabadell. Apenas unas horas después del anuncio que confirmaba la operación en ciernes, el Ministerio de Economía confirmó su rechazo a la operación “tanto en la forma como en el fondo”, alertando de los “efectos potencialmente lesivos” para el sistema financiero español. Los temores del Ejecutivo pasan por los riesgos que identifica en la concentración sobre el empleo, sobre la competencia en el sector bancario y el consiguiente impacto en la remuneración de los depósitos y en el proceso para garantizar servicios sobre todo en áreas rurales, entre otros aspectos.

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, esta semana no se ha limitado a expresar el malestar por el hecho de que la operación sea hostil y por las consecuencias que podría tener sobre clientes y el sector en general, también advirtió claramente que el Gobierno “tiene la última palabra” para autorizar la unión de ambas entidades y que el movimiento llegue a buen puerto.

La opa de BBVA debe recibir el visto bueno inicial de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el supervisor bursátil; debe ser autorizada por el Banco Central Europeo (BCE) como supervisor del sector bancario; y también por la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) y por el regulador británico por la filial local TSB de Sabadell. Una vez ejecutada la opa, BBVA pretende impulsar su fusión con Sabadell, y esta integración es la sobre la que el Gobierno cuenta con un arma legal para poder tutelarla.

La dirección de BBVA considera imprescindible realizar esa fusión para obtener las sinergias millonarias (unos 850 millones anuales) y las eficiencias previstas para la operación, pero la Ley de Ordenación, Supervisión y Solvencia de Entidades de Crédito (ley 10/2014) establece la potestad del Ministerio de Carlos Cuerpo para aprobar o no la unión entre ambos bancos, incluso después de que los supervisores bancarios, bursátiles y de competencia den su visto bueno.

Tras las autorizaciones preceptivas de BCE y Banco de España sobre el impacto de la operación sobre la estabilidad financiera; de la CNMC sobre su eventual efecto sobre la competencia del sector; y también tras el estudio de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones y el del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac) sobre la posible incidencia en su materia de control, el Gobierno debería pronunciarse sobre la aprobación de la fusión de los dos bancos.

Visión política sobre la fusión

“El Gobierno debe aportar una visión horizontal a la del resto de supervisores, añadiéndola en términos de política económica y financiera y sobre el impacto en la agenda de inclusión financiera y de la cohesión territorial”, subrayó el ministro Cuerpo en una entrevista con Antena 3 este viernes. El Ejecutivo de momento muestra su rechazo por tratarse de una oferta hostil entre dos grandes bancos nacionales y por el eventual impacto de la integración sobre el conjunto del sector financiero y sus clientes.

“Corresponderá al Ministro de Economía y Competitividad autorizar las operaciones de fusión, escisión o cesión global o parcial de activos y pasivos en las que intervenga un banco, o cualquier acuerdo que tenga efectos económicos o jurídicos análogos a los anteriores”, establece una de las disposiciones adicionales de la Ley de Supervisión bancaria, que es el artefacto legal del que dispone el Gobierno para asegurarse tener “la última palabra” sobre la operación BBVA-Sabadell.

Primero los reguladores y supervisores se pronunciarán sobre la opa, y después el Gobierno sobre la fusión. “El Ministerio de Economía solo entra en la última fase, la de la aprobación de la fusión o no. Los reguladores lo que hacen previamente es hacer una valoración dentro del marco de sus competencias y ámbito. El Gobierno añade con esa información en la mano, una valoración con mirada de política económica, ya que la operación puede tener implicaciones en el empleo, la presencia en el territorio…”, apuntan fuentes gubernamentales.

La respuesta desde BBVA a la oposición mostrada por el Ejecutivo (y también por los gobiernos autonómicos de Cataluña y la Comunidad Valenciana) pasa, hasta el momento, solo por darse tiempo para convencer a las diferentes administraciones de las bondades del movimiento que prepara. “Confiamos plenamente que el Gobierno y el resto de autoridades acabarán apreciando la operación. Cuando tengamos ocasión de explicar bien la operación apreciarán el valor que tiene”, anticipó el presidente de BBVA, Carlos Torres. “Para el país es bueno tener un banco tan grande”, subrayó en referencia a sus expectativas de que la unión permita crear una entidad más fuerte y con más eficiencia, lo que derivará en mayor capacidad de apoyo a la economía mediante más crédito y que pagará más impuestos.