Obra nueva sí, pero solo aquella que demuestre rentabilidad social y/o económica. Aunque con importantes matices, todos los partidos incluyen en sus programas electorales para el día 20 medidas dirigidas a evitar que se repitan casos como los del aeropuerto sin aviones de Castellón o las autovías de pago radiales de Madrid que no tienen tráfico y que amenazan con provocar un enorme agujero económico en las arcas estatales.
El PP de Mariano Rajoy aboga por concluir todas las grandes actuaciones en marcha, dando prioridad a las que están en la red básica transeuropea, y por iniciar las seleccionadas en el plan de infraestructuras que ha sido aprobado por Ana Pastor en el Ministerio de Fomento. Pero los populares también plantean una "mejora del marco normativo" para la contratación de la obra pública, que permita afinar los procesos de redacción de proyectos, que las obras finalicen en plazo o que no se produzcan desviaciones presupuestarias. Además, también se compromete el PP a exigir una evaluación previa de la rentabilidad social y económica de cada actuación, extendiendo así el modelo de las leyes de carreteras y de ferrocarriles.
Los socialistas de Pedro Sánchez aspiran a lograr el mayor consenso posible para elaborar un plan de transporte en el que se garantice la "estabilidad" de las actuaciones necesarias en España a medio y largo plazo. Al igual que el PP, el PSOE tampoco se plantea la paralización de obras, pero alerta de que los proyectos, llegado el caso, deberán de ser repensados para adaptarlos a las posibilidades económicas del Estado y a la demanda real. Los socialistas aseguran que van a ser "especialmente cuidadosos" en la planificación y ejecución de las inversiones, para dar al transporte "una clara orientación hacia la economía productiva".
