Abrió Sofía Castañón, candidata de Podemos, el bloque de Bienestar con una denuncia explícita sobre la cantidad de "derechos arrebatados" en este capítulo en los últimos años pero si hubo dos puntos donde la mayoría de los intervinientes consumieron su tiempo fue en los asuntos referidos a violencia de género e igualdad de oportunidades en un año "tan negro y tan crudo" como este 2015 al que Castañón le marcó en rojo las 94 víctimas mujeres a manos de sus parejas. Fue el punto donde hubo mayores reproches y también donde la dialéctica alcanzó mayor viveza.

Manuel González Orviz, de UP-IU pidió "un pacto de Estado contra la violencia de género como el que se hizo con el terrorismo". Adriana Lastra afeó al PP el 17% de recortes sucesivos en políticas de violencia de género. Además, "habéis falseado los datos de muertes", señaló en una alusión directa a Susana López Ares. A Ignacio Prendes le recriminó Lastra que "Ciudadanos pretenda acabar con penas para la violencia de género". Y remató: "Bien que apoyaste al PP en su lucha contra el aborto cuando estabas en UPYD". El candidato de Ciudadanos se defendió: "Posiblemente no estamos acertando en las soluciones; necesitamos medios. En ocasiones las medidas no son las adecuadas". Cuando Adriana Lastra le acusó de demagogia respondió: "Sí hay instrumentos para proteger a la mujer, pero hay que ver cuál es el más adecuado". Sofía Castañón planteó soluciones alojamientos por debajo de los 30 días para las víctimas incluso cuando no han presentado denuncia. "Es un problema estructural, una cuestión de Estado", apreció la líder de Podemos.

López Ares, por su parte, instó a recuperar el pacto educativo "que se rompió por orden de Zapatero", pidió "equidad" en el sistema sanitario y abogó por favorecer la conciliación para que las mujeres no sigan encontrando dificultades. Lastra coincidió con el PP en la necesidad de un "pacto social y político" por la educación y lanzó nuevos reproches al cifrar en 6.000 millones de euros los recortes en becas y en 784 millones la merma en dependencia. Desde las filas de IU, Orviz aludió a la situación de "emergencia social" de numerosas familias que se han quedado sin prestaciones. Para ellos plantean un mínimo de 530 euros mensuales. Sin poner cifras, el PSOE también habló de un "ingreso mínimo vital" mientras Susana López Ares pidió "empresas serias y responsables" para acabar con el paro.