Madrid
Los 27 procesados en el juicio a Gestoras Pro Amnistía renunciaron a su derecho a la defensa en el juicio que comenzó ayer en las instalaciones de la Audiencia Nacional en la madrileña Casa de Campo, porque han opinado que la sentencia condenatoria ya está decidida. Ante esta acusación y al término de la sesión, la presidenta del tribunal, Teresa Palacios, advirtió de que «no va a discutir» este argumento, pero subrayó: «Nosotros no juzgamos ideologías, sino actividades presuntamente delictivas (...) y, simplemente, en función de las pruebas se dictará la sentencia correspondiente».
Todos los acusados, que se enfrentan a una pena de diez años de cárcel por pertenencia a ETA, se negaron a responder a las preguntas del fiscal Carlos Bautista, así como a las de la acusación popular, que ejerce la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), y sólo respondieron a las cuestiones planteadas por sus defensas.
El juicio comenzó con la declaración del ex portavoz de Gestoras Juan María Olano, quien sentó la pauta que posteriormente siguió el resto de los acusados, al denunciar que el tribunal que juzga esta causa «está a miles de kilómetros de la imparcialidad».
«La sentencia contra nosotros está escrita porque la instrucción se ha desarrollado con un objetivo político», dijo Olano, quien subrayó que «no espera ningún tipo de justicia», al tiempo que destacó que «con las medidas de represión sólo se alimenta el conflicto y es responsabilidad de todos crear el entorno para el diálogo».
A Olano le sucedió en el estrado el resto de los procesados, que, al igual que él, reconocieron pertenecer a Gestoras y se sintieron «orgullosos» de ello porque, según declararon, a través de esta organización han luchado contra el «apartheid penitenciario» que sufren los presos de ETA.
