Madrid
El juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska decidió ayer, «por mandato de la superioridad», la reapertura de la causa relativa a las identificaciones de 30 de los 62 militares españoles que fallecieron en 2003 en el accidente del Yakovlev-42 en Trabzon (Turquía). Horas antes, la Sección Tercera de lo Penal había ordenado la reapertura del caso, al considerar que una parte de los cuerpos «fueron erróneamente identificados» y que sólo un juicio podrá determinar si los tres altos mandos encargados de ello cometieron un delito de falsedad documental.
La Sección Tercera, que preside Alfonso Guevara, ordena la reapertura por un delito de falsedad documental contra el general médico Vicente Navarro, que se encargó de elaborar la lista de los 62 fallecidos; y a los dos oficiales médicos que redactaron los informes de necropsia, el comandante José Ramírez y el capitán Miguel Sáez. Se excluye al general José Antonio Beltrán, que dirigió la comisión encargada de la identificación y la repatriación y cuya implicación en los hechos es considerada insuficiente por la Sala.
En la vista de apelación de abril, el teniente fiscal de la Audiencia, Fernando Burgos, ya solicitó la reapertura de la causa, archivada por Marlaska, al entender que los mandos militares incurrieron en «dolo falsario» porque realizaron las identificaciones de forma «arbitraria» y a sabiendas de que eran «incorrectas». La resolución de la Sala defiende ahora que «la relevancia penal» de la identificación errónea de los fallecidos «denota una cuestión compleja que ha de ser solventada en juicio».
Marlaska consideró en el anterior juicio que el caso no tenía «relevancia jurídico-penal» porque los certificados de defunción recogían la existencia de fallecimiento y su causa. Sin embargo, la Sala argumenta ahora que los certificados no sólo deben recoger «la defunción de una persona, el día y el lugar del fallecimiento», sino también «la identidad de los restos cadavéricos», porque éstos «fundan el tránsito de la vida a la muerte y sólo a través de esa identidad se puede declarar la definitiva desaparición de una persona en el orden natural y en todos los órdenes, incluidos los que configuraban su corporeidad».
En el caso del general Navarro, la Audiencia sostiene que no rellenó los certificados de defunción utilizando los documentos de identidad de los fallecidos o el reconocimiento del cadáver por terceras personas, sino que se limitó a escribir junto a sus nombres la mención «conozco de ciencia propia». Conducta que podría constituir un delito de «falsedad documental por imprudencia grave». En cuanto a Ramírez y Sáez, el auto concluye que puede mediar colaboración que es reprochable penalmente». El Grupo Popular dio ayer su respaldo al ex ministro ante el proceso judicial después de que éste dijera que no se ha sentido respaldado por el presidente del Congreso, José Bono, quien le sucedió al frente de Defensa y que afirmó ante el juez que este departamento estaba al tanto de las quejas sobre las deficiencias del Yak.
