Madrid

El vicepresidente Pedro Solbes aseguró ayer que el Gobierno cumplirá con el compromiso, incluido en el Estatuto de Cataluña, de que en agosto estén definidas las líneas del nuevo sistema de financiación autonómica, con el fin de reformar la ley tras el verano y que entre en vigor en 2009, informa «Efe».

«El Gobierno tiene un compromiso derivado del Estatuto catalán» para definir las grandes líneas del nuevo modelo antes de agosto «y lo vamos a hacer», dijo el Vicepresidente.

Solbes aseguró que no se ha producido ningún retraso, sino cambios en la estructura del Ministerio de Economía. La intención del Gobierno, añadió, es «lograr el acuerdo político en agosto» que permita tramitar la ley después del verano para que entre en vigor en 2009. Pese a reconocer que la negociación «será complicada», consideró que «hay elementos para el acuerdo».

«Cada comunidad tiene sus argumentos a favor y habrá que llegar a un consenso», dijo Solbes, quien advirtió de que «la idea es que no haya perdedores», pero que el esfuerzo que se le puede pedir al Estado es limitado, dado el que ha hecho en los últimos años.

Sin embargo, según «La Vanguardia», la negociación sobre el nuevo modelo será larga y es más que probable que éste no pueda entrar en vigor hasta 2010, tal como afirmó el secretario general de CiU, Josep Antonio Duran, que acusó al Gobierno y a la Generalitat de «no haber hecho los deberes» y advirtió de que «no hay tiempo para concretar un acuerdo».

Para empezar, el Gobierno quiere mantener la cohesión en las filas socialistas y, antes de nada, conocer la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto catalán. Pero también quiere contar con el respaldo de CiU en las Cortes y abrir una etapa de colaboración más estrecha con los nacionalistas.

Así las cosas, será casi imposible, según el diario barcelonés, cerrar un acuerdo antes de que se pacten los Presupuestos de 2009, aunque sí será factible que, como Solbes adelanta, se llegue a un acuerdo sobre las grandes líneas del nuevo modelo antes del verano.

A todo ello se une el largo debate que se avecina sobre la fijación de los criterios de solidaridad y la aportación de las comunidades más ricas, así como la reforma de la ley orgánica de Financiación Autonómica, para la que el PSOE necesita el apoyo de CiU y quiere contar con el PP, ya que su aprobación requiere mayoría absoluta.

El líder de CiU, Artur Mas, puso en duda la postura de Solbes y reclamó al presidente de la Generalitat, José Montilla, que convoque una cumbre de líderes catalanes para enviar un «mensaje de firmeza» al Gobierno, para que respete lo que dice el Estatut en materia de financiación. La Generalitat rechazó la propuesta y mostró su seguridad en que habrá acuerdo en la financiación y en los plazos previstos.

Entre tanto, el Gobierno andaluz insistió en que la propuesta de Cataluña es inaceptable y reprochó al PP de la comunidad que niegue que los populares valencianos están respaldando el modelo catalán. La ministra de Administraciones Públicas, Elena Salgado, y el presidente gallego, Emilio Pérez Touriño, rechazaron incluir «elementos perturbadores» como la financiación autonómica en la agenda inmediata de la comisión bilateral de cooperación entre la Xunta y el Estado.