Madrid

El vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González-Pons, apuntó ayer al ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, como la «inteligencia» del «chivatazo» que alertó a ETA sobre una operación policial contra su red de extorsión en 2006, de la que fue advertido uno de sus responsables, el propietario del bar Faisán de Irún, Joseba Elosúa.

González-Pons explicó que «no se trata de saber quién está detrás del chivatazo, se trata de saber quién es el traidor, quién desde la Policía -que tantos miembros del cuerpo ha visto asesinados por ETA- fue capaz de avisar a alguien de las finanzas de ETA para que no fuera detenido».

González-Pons señaló que existe «incluso la posibilidad de que la llamada se hiciera desde la misma sede socialista de Ferraz», y tras comentar que eso «debería investigarse», criticó que «los fiscales se muevan tanto por orden del fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, por temas menores», mientras que por algo «realmente grave» como es este asunto «se queden paralizados».

En «el PP estamos indignados y escandalizados», prosiguió el vicesecretario de Comunicación popular, para quien «la fiscalía se ha convertido en pura abogacía del Gobierno y el fiscal general del Estado está utilizando a los fiscales profesionales para hacerle todo tipo de trabajos al Gobierno, limpios y sucios».

Por su parte, la portavoz del grupo del PP en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, afirmó que espera del Gobierno explicaciones sobre el posible archivo de la investigación del «chivatazo», ya que en ello «hay responsabilidades políticas» que los populares van a exigir.

Sáenz de Santamaría quiere que comparezcan en el Congreso los ministros de Interior y de Justicia, Alfredo Pérez Rubalcaba y Francisco Caamaño, así como el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, para que expliquen por qué se solicitó el lunes el archivo del caso.

Sin embargo, la portavoz del PP en el Congreso no dejó claro si su partido se atreverá a romper el Pacto Antiterrorista o a cuestionarlo. Lo que sí ha dejado claro es que ni Caamaño ni Rubalcaba deben escudarse en él para eludir explicaciones. A su juicio, han de ser «fieles» al mismo y acudir a la Cámara.

Y recalcó que lo que «refuerza la lucha antiterrorista es conocer qué pasó» con el chivatazo, así como que se depuren responsabilidades políticas si las hubiera. «Si el Gobierno se niega a dar explicaciones, habrá aumentado la desconfianza. Este asunto genera alarma social», subrayó.

El lunes, el responsable de Justicia del PP, Federico Trillo, aseguró que el archivo del también conocido como «caso Faisán» puede afectar al Pacto Antiterrorista. Pero ayer la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, recordó que la fiscalía ha actuado en el «caso Faisán» en el ejercicio de su autonomía y recalcó que este asunto «en ningún caso debería poner en cuestión» la unidad con el PP en la lucha antiterrorista.

Sobre este asunto también se expresaron los sindicatos policiales, que denunciaron su malestar porque se pueda cerrar la investigación sin identificar al autor del «chivatazo» a la banda terrorista.

Los agentes que recibieron el encargo de investigar el «caso Faisán» entregaron a finales de 2006 al juez un informe que implicaba al entonces director general de la Policía, Víctor García Hidalgo, al jefe superior de Policía del País Vasco y un inspector de Álava.

Según informó ayer el diario «El Mundo», la fiscalía no considera suficientemente probada la reconstrucción de los hechos aportada por los investigadores. Según esta versión, el director general ordenó o sugirió al jefe superior del País Vasco que advirtiera a Elosúa, centro de la red de extorsión, de que había una operación en marcha y que no hiciera un traslado de dinero que tenía previsto.

Según esta misma tesis policial, prosigue el rotativo, el 4 de mayo de 2006, entre las 11.10 y las 12.00 horas, el inspector de Álava se acercó a Elosúa y le pasó su teléfono. Al otro lado estaba, supuestamente, el jefe superior, que le mandó el aviso.