Ascó se suma a Yebra en la pugna por albergar el almacén de residuos nucleares

Ascó / Madrid / Oviedo,

Agencias / L. M. S.

El Ayuntamiento de Ascó (Tarragona) opta desde ayer oficialmente a albergar el silo en el que se depositarán los residuos nucleares de toda España. Ascó es la segunda localidad, después de Yebra (Guadalajara), que se presenta candidata a acoger la instalación. Su alcalde, Rafael Vidal (CiU), defendió la decisión, en la que ve «una oportunidad de futuro». No piensan lo mismo muchos de sus convecinos, cuyas protestas, dentro y fuera del Consistorio, tensaron la sesión plenaria.

Con Vidal, votaron a favor los otros tres ediles de CiU, el del PSC y dos de los cuatro independientes, todos ellos en la oposición. El líder de CiU, Artur Mas, anunció que abrirá un expediente informativo a sus cuatro representantes en Ascó, pero criticó que el PSC no haga lo mismo. Los socialistas catalanes ya habían adelantado que respetarían «la autonomía local», pese a estar en contra de que Ascó sea la adjudicataria del basurero nuclear.

Así las cosas, el presidente de la Generalitat, José Montilla, transmitirá por escrito al ministro de Industria, Miguel Sebastián, el rechazo de su Gobierno a la candidatura de Ascó, en lo que será el primer paso en la utilización de «todos los mecanismos legales» para evitar que el silo se levante en territorio de Cataluña, según anunció el vicepresidente, Josep Lluis Carod-Rovira (ERC).

Mientras tanto, el secretario de Estado de Energía, Pedro Marín, consideró «muy bienvenida» la candidatura de Ascó y aseguró que la ubicación final de la instalación se hará con «la mayor paz social y el mayor consenso posibles». Además, Marín dijo que Industria no «contempla la posibilidad» de que Cataluña o Castilla-La Mancha, la otra autonomía que rechaza de plano el basurero nuclear, y también gobernada por los socialistas, «se planteen dinamitar el proceso».

El jefe del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, intentó calmar los ánimos al asegurar que la adjudicación se decidirá «por consenso», y recordó que no se trata de un asunto de «color político» ni de que exista «disciplina de partido», pero sí de algo «que es necesario y que se debe poner en funcionamiento». El coste de la instalación se estima en más de 1.000 millones de euros.

En la misma línea, la vicepresidenta Fernández de la Vega señaló que el Gobierno tomará «decisiones serenas» sobre este controvertido asunto, basadas, recalcó, «más en el rigor que en el temor».

Por su parte, el líder del PP, Mariano Rajoy, emplazó al Ejecutivo a explicar «con claridad» su posición, porque con este asunto, explicó, pasa como con el agua o la educación, que el Ejecutivo «no lidera nada» y «acaba generado problemas, tensión y desorden entre los españoles».

El presidente castellano-manchego solicitó un Pleno extraordinario del Parlamento regional para forzar al Ayuntamiento de Yebra a retirar su candidatura. De forma paralela, los servicios jurídicos de la comunidad estudian la posibilidad de presentar un recurso contra esta solicitud. Mientras, la Federación de Municipios y Provincias defendió la autonomía de Ascó y Yebra.